Editorial

縑韈timas de segunda?
20 de Abril de 2013


Ante la pugnacidad, ratificamos nuestro apoyo a un acuerdo de paz que garantice equidad para las v韈timas, respeto por la soberan韆 del Estado y no repetici髇 de los cr韒enes cometidos durante cincuenta a駉s de ataques al pueblo colombiano.


La reciente declaración del congresista Armando Benedetti en la que indica que a quienes han hecho observaciones al proceso de paz con las Farc “deberían fusilarlos, literalmente”, es el más energúmeno pero no el único garrotazo verbal contra las personas que con legitimidad institucional, como el procurador Alejandro Ordoñez, o política, como el exvicepresidente Francisco Santos, llaman la atención por el riesgo de que el Estado se acoja a la pretensión de los jefes guerrilleros de firmar un acuerdo de paz que les garantice plena impunidad y los exima de ofrecer verdad, justicia y reparación a millones de víctimas que han dejado en cincuenta años de guerra.


Desde sus orígenes en los años sesenta del siglo XX, las Farc han sembrado el país de víctimas civiles o militares en estado de indefensión, o sea que son autoras de ataques sistemáticos a personas protegidas, que es lo mismo que ser responsables de crímenes de lesa humanidad, comparables con los perpetrados por el nazismo en Alemania o los de Charles Taylor en Liberia, casos en que las víctimas recibieron justicia gracias a los procesos liderados por el mundo civilizado en el Tribunal de Nuremberg y la Corte Penal Internacional. 


Las familias asesinadas y desplazadas por el afán de controlar regiones estratégicas para las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas; los secuestrados muertos en cautiverio; los secuestros en que ciudadanos y militares reducidos a indefensión son sometidos a tratos crueles y degradantes; el reclutamiento de menores de edad para sus filas; el abuso sexual como arma de guerra; los crímenes masivos en Bojayá (Chocó) y Tacueyó (Cauca), entre muchos otros; la siembra de minas antipersonal que ha provocado la muerte y heridas irreversibles a soldados y civiles, son algunos de los ejemplos más notorios y recordados de los perpetrados por las Farc contra personas protegidas o en estado de indefensión. ¿Puede una sociedad contemporánea en aras a dizque alcanzar la paz, descuidar a esas víctimas, someterlas al silencio, borrar la historia para ocultarlas? No creemos.


El temor que sufren por las amenazas que no cesan, el cansancio a que los lleva la impunidad, el desprecio por protagonismos inútiles, que se suman al desprecio de los activistas de derechos humanos y las ONG por su causa, provocan que las víctimas de las Farc carezcan de visibilidad en los medios de comunicación y los escenarios políticos, con la grave consecuencia de su silenciamiento en un momento como el presente. Su soledad mueve a líderes como Francisco Santos, dueño de personería legítima en la política, a reclamar porque “no van a tener ni siquiera la oportunidad de que sus victimarios les pidan perdón o pasen un día en la cárcel.  Por lo tanto, van a volver a ser revictimizadas”. El riesgo de impunidad provoca rechazos como el del jurista Rodrigo Uprimny, quien declara que “las Farc deben entender que deben rendirle cuentas a sus víctimas dentro del marco jurídico porque no se puede hacer la paz si ellas no están dispuestas a rendirle cuentas a la sociedad”.


Ante la pugnacidad, ratificamos nuestro apoyo a un acuerdo de paz que garantice equidad para las víctimas, respeto por la soberanía del Estado y no repetición de los crímenes cometidos durante cincuenta años de ataques al pueblo colombiano. Mientras los jefes de las Farc sigan proclamando a voz en cuello su desprecio por sus víctimas, a las que siguen amenazando mientras se anuncia que podría negárseles su derecho a ser reconocidas como sujetos de reparación por sus victimarios y de protección por el Estado, coincidiremos con Baltasar Garzón, exjuez y activista por los derechos humanos, quien precisa estar “de acuerdo con las conversaciones entre el Estado y la guerrilla” pero “también he sostenido que en este proceso deben respetarse los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas”.


En nuestro editorial del pasado 18 de abril señalábamos la necesidad de abrir las puertas al debate democrático que empodere a la ciudadanía sobre el camino a seguir para alcanzar una verdadera  y duradera paz.  Quienes llevan el debate a los términos en que lo han puesto personas como el senador Benedetti, no solo ofrecen un lamentable espectáculo sino que alejan a todos los colombianos de alcanzar ese noble propósito.