Columnistas

Las enseñanzas de la historia
Autor: Jorge Arango Mejía
7 de Abril de 2013


El pasado es una cantera inagotable de enseñanzas. Ahí está la huella del paso de los hombres sobre la tierra. ¿Qué han hecho? ¿Por qué se han matado? ¿Cuál ha sido la meta de sus sueños?


El pasado es una cantera inagotable de enseñanzas. Ahí está la huella del paso de los hombres sobre la tierra. ¿Qué han hecho? ¿Por qué se han matado? ¿Cuál ha sido la meta de sus sueños? ¿Cuáles han sido víctimas de su ambición, esclavos de su avaricia? Pero esa cantera, como todas, hay que explotarla: su explotación es el estudio de la historia. De la cual se ha dicho que hay que conocerla para no repetirla, en lo malo naturalmente, pues las buenas acciones deberían ser el pan de cada día.


En uno de los permanentes motivos de discordia ha sido la tenencia de la tierra. El estar atravesada por tres cordilleras, hace que las tierras aptas para la agricultura sean relativamente escasas. Esto explica la razón por la cual durante la República Liberal, en 1936, el Congreso aprobara la ley 200, que obedecía a una tesis del presidente López Pumarejo: la tierra es de quien la trabaja. Ley que sirvió, entre otras cosas, para que uno de los más eminentes juristas que ha tenido el país, José J. Gómez R., acabara, mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (de la cual fue ponente), con la llamada posesión inscrita. Que consistía, ni más ni menos, en el contrasentido de que el tener unos títulos inscritos en una oficina pública pesaba más que el cultivo de la tierra. 


Dicho sea de paso, José J. Gómez es, sin lugar a dudas, el mejor profesor de Derecho que he conocido en mi vida.  Tenía por esta disciplina, y por la justicia, el mayor respeto. Más aún: amaba el derecho. Tuve la fortuna de tenerlo como mi profesor, en la cátedra de Bienes. Al hablar, parecía degustar las palabras, saborearlas.  Tenía, además, un recio carácter. Antes de 1930, siendo juez municipal en Medellín,  se abstuvo de aplicar la llamada Ley Concha, que obligaba a los bautizados en la Iglesia Católica a declarar públicamente que se habían separado de ésta, antes de contraer matrimonio civil. Esa exigencia era incompatible con la intimidad y con la libertad de pensamiento,  pero se requería valor para rechazarla. Eso fue lo que hizo Gómez, que le acarreó la excomunión.


En La Habana, los representantes de las Farc, diciendo defender a los campesinos, al parecer han propuesto crear unas zonas donde no habría presencia del Estado. Con razón, dos ministros han manifestado su rechazo a esa pretensión absurda. El Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que sólo así se garantiza la vigencia de la ley que, en últimas, es la que iguala a las personas.


Es una ironía que en nombre de esa asociación para delinquir se pregone la defensa del pueblo colombiano.  ¿Cuál defensa si lo único que han hecho durante cincuenta años ha sido perseguirlo? ¿Quiénes han sido las víctimas de las masacres, los secuestros, los ataques a los poblados indefensos? Los colombianos, todos, sin distinción. Los campesinos, además, han visto cómo les arrebatan a sus hijos al reclutarlos a la fuerza.  Y está por averiguarse cuántas hectáreas están en poder de los testaferros de estos sedicentes salvadores, arrebatadas por la violencia a sus dueños o poseedores.


Volviendo al tema agrario, la experiencia indica que hay una medida que el país está en mora de adoptar. Nada del otro mundo: algo elemental. ¿En qué consiste?  Sencillamente,  lograr que  la legislación laboral, en su integridad, se cumpla en el campo.  Vacaciones, cesantías, afiliación a los sistemas de salud, pensiones de invalidez o vejez, son temas desconocidos en gran parte de la Colombia rural. Cambiar esa situación de abandono, sería un paso fundamental. 


Otro tema:


La construcción de una plaza de mercado en el centro de Armenia, al frente del Palacio Municipal, es un absurdo. Además, un derroche monstruoso de los dineros públicos, y  un verdadero atentado contra el desarrollo de la ciudad. No resolverá el problema de los vendedores callejeros que (por la torpeza y la falta de autoridad) han hecho de calles y avenidas un sucio mercado público, sin  reglas ni límites. Peor aún: esa aventura costará millones de dólares pagados por un pueblo lleno de necesidades.