Columnistas

M韓imo vital en agua potable
15 de Febrero de 2013


Con la radicaci髇 en diciembre pasado del proyecto de ley estatutaria 174 del Senado de la Rep鷅lica, 損or la cual se establece el marco jur韉ico para la implementaci髇 del m韓imo vital en agua potable y alcantarillado


Carlos Alberto Atehortua Rios


Nota de la Dirección: Nos complace presentar como nuevo columnista de EL MUNDO al Dr. Atehortúa, abogado y magíster en Gobierno municipal, profesor de varias universidades, ex director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Municipios, ex secretario de Gobierno y Servicios Administrativos y ex contralor de Medellín. En la actualidad, acatado asesor y consultor en servicios públicos domiciliarios y telecomunicaciones. 


Con la radicación en diciembre pasado del proyecto de ley estatutaria  174  del Senado de la República, “por la cual se establece el marco jurídico para la implementación del mínimo vital en agua potable y alcantarillado y se autorizan políticas de fomento para el acceso a los servicios públicos domiciliarios”,  se abre en el país un importante debate en relación con la conveniencia de que el Congreso de la República institucionalice como ley, los importantes avances que la Corte Constitucional ha hecho en los últimos años sobre esta materia.


Lógicamente el asunto no es, ni será pacífico, pues se enfrentarán diferentes tendencias y escuelas de la teoría del servicio público y algunas opiniones de quienes quieren erradicar la función social del Estado, estarán en contra de la equidad y el desarrollo social que se registra cuando se presentan proyectos como el que provoca estos comentarios, pero otros expresaremos lo contrario.


La construcción de una política en materia de servicios públicos esenciales, en la que no prevalezca exclusivamente las condiciones del mercado, sino que  principalmente se tenga en cuenta la función social de los mismos,  tiene hitos de gran importancia en la doctrina de la Corte Constitucional,  como se registra desde la sentencia C-150 de 2003  y en las tutelas T-546 de 2009, T-616 y T-717 de 2010 y en repetidos pronunciamientos del alto organismo judicial que fueron reiterados recientemente en las sentencias T-312 y 749 de 2012, en las que se avanza positivamente en la teoría social de estos servicios.


Aunque todavía no se presentan cifras sobre el tema, es notoria la necesidad de que los usuarios a los que la ley ha debido garantizarles el acceso gratuito al mínimo vital de agua,  tengan que acudir a las instancias judiciales para que, en ausencia de una política pública de protección social, sean los jueces mediante sentencias los que resulten adoptando las medidas necesarias para garantizar la satisfacción del derecho fundamental al agua y a la vida digna.


Si bien el camino de los jueces es adecuado y propio del Estado Social de Derecho, en realidad han debido ser las otras ramas del poder público, en particular la legislativa y la ejecutiva, las que han debido liderar estos temas en los que se concreta el sentido  “social y democrático” de nuestras instituciones y tienen el deber de hacer realidad los derechos y las garantías consagradas en la Constitución, más aún en casos como el objeto de análisis donde la protección está dirigida a sectores más pobres. 


Pero, no solo por los pronunciamientos de la Corte, sino por medidas como las que se han tenido que  adoptar  en municipios como Medellín y el Distrito Capital, tendientes a promover el fomento en la universalización de los servicios y a garantizar que los más pobres y vulnerables puedan acceder al agua potable y  además por la necesidad de erradicar el nivel de desconectados al servicio de energía, es que el proyecto de ley toma mayor importancia.


De lo que se trata es de garantizar universalización de los servicios, proteger a los sectores más vulnerables de la población, definir la asignación de recursos del Estado para financiar la prestación del servicio y garantizar la sostenibilidad del sistema y hacer más eficiente la utilización de los recursos del sistema general de participación y en casos especiales permitir que con recursos de los fondos de solidaridad y aún con cargos tarifarios de solidaridad se puedan disponer de los recursos suficientes para que todos podamos acceder al mínimo vital de agua que en principio se estima entre cincuenta y cien litros por día y por persona.


El sector de los servicios públicos,  la Universidad pública y privada, el sector político y la sociedad en general tienen mucho que decir en temas como éste, en los que el proyecto de Ley de origen parlamentario seguramente será modificado y adicionado en los amplios debates que deben realizarse en las Cámaras legislativas  y en los que necesariamente quienes aún creemos que los servicios públicos son mucho más que mercancías y que el Estado debe intervenirlos para garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio, debemos estar prestos a presentar nuestras opiniones tanto sobre el texto original como sobre las nuevas iniciativas que se incorporen al mismo.