Economía

Socios de Interbolsa deberán responder con patrimonios personales
9 de Noviembre de 2012


Después de varias reuniones con el presidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo, su hijo Julián, representantes de la banca y algunos altos ejecutivos con el objetivo de encontrar una solución a este proceso y decidir cuál entidad financiera del país se quedaría con Interbolsa para evitar su liquidación.

 


 


A lo largo de este proceso, el Gobierno, con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, entraron en contacto con tres organizaciones bancarias y financieras de las más grandes del país, incluso se conoció el caso de una organización bancaria muy grande que se hizo presente con varios altos directivos y ejecutivos. Ellos escucharon los planteamientos de Rodrigo Jaramillo para ver si era posible que esa organización financiera se quedara con Interbolsa.


Después de no obtener respuesta por parte de los posibles compradores, el gobierno tomó la decisión de liquidar e iniciar con los procedimientos legales.  El superfinanciero llamó a todos los accionistas importantes de Interbolsa. Acudieron todos, menos Juan Carlos Ortiz, quien tiene cerca del 4% de la entidad y quien dice estar retirado de cualquier decisión por diferencias con Rodrigo Jaramillo.


El superfinanciero les  hablo de sus responsabilidades, entre estas de responder con los patrimonios personales,  firmando unas contragarantías de los bienes, acciones e inversiones.


De inmediato, los directivos de Interbolsa pidieron permiso para llamar a sus abogados, los cuales llegaron rápidamente; discutieron todos, alguno dijo que no firmaba, que no daba contragarantías porque sería perder su patrimonio hecho a lo largo de toda su vida.


Pero el superintendente Gerardo Hernández les dijo enfáticamente que el gobierno no está para salvar accionistas ni de esa, ni de ninguna otra comisionista, señalándoles que el gobierno tiene que preservar la confianza del público en el sistema, en la bolsa y tiene que garantizar que los titulares de las acciones no vayan a perder y que los TES (títulos de deuda pública) se salven. Y les insistió en que tenían que responder, a lo que los abogados penalistas le recomendaron a los dueños de la Holding: "o firman o se van para la cárcel".


El superintendente les advirtió que de no firmar las contragarantías se presentaría al día siguiente a la Fiscalía General de la Nación para instaurar las demandas penales con la certeza de que se irían para la cárcel.


Debido a la situación, todos los presentes firmaron las contragarantías las cuales son de aproximadamente 80 mil millones de pesos y pueden ser necesarias para cubrir los pasivos ocultos que pueda tener la institución. Fue un paso decisivo la amenaza del gobierno que, además, pensaba ejecutarla.