Editorial

¿Qué pasa con las regalías?
27 de Octubre de 2012


Ahora que tenemos dinero en abundancia para invertir en las regiones, no sabemos cómo hacerlo con rapidez y eficacia. En Colombia podría aplicársenos aquello de que “matamos el tigre y nos asustamos con el cuero”.

Pese a la vigencia de un remozado Sistema General de Regalías (SGR), que prometía ser más equitativo y llevar con mayor prontitud y eficiencia esos valiosos recursos a las regiones, para dar solución a problemas prioritarios de sus gentes, lo que se está viendo es un proceso de aprobación de proyectos de una lentitud pasmosa, en parte por la complejidad de los trámites y en parte porque el centralismo no da su brazo a torcer y sigue existiendo desconfianza hacia los entes regionales y municipales.


Uno de los avances importantes del Acto Legislativo 05 de 2011, que dio vida al nuevo SGR, fue considerar que el subsuelo de la Nación pertenece a todos los colombianos y, por consiguiente, la explotación de sus riquezas debe beneficiar tanto a los departamentos y municipios productores como a los no productores. Es un principio de equidad y justicia distributiva. Otro aspecto importante fue crear un sistema presupuestal propio para que los recursos de las regalías no hicieran parte del Presupuesto General de la Nación. Aparte de garantizar la equidad regional y social en la distribución de la riqueza del subsuelo, el SGR también propende por el uso eficiente de los recursos, el aumento de competitividad de las regiones y la mejora en la capacidad de gestión de esos recursos por parte de los municipios.


Otro logro de la reforma, después de un fuerte y eficaz lobby de las regiones ante el Congreso, fue el respeto a su autonomía en la selección de los proyectos cuya financiación provenga de las regalías, pues, como aquí hemos defendido en distintos editoriales, la Nación debe admitir que los departamentos y municipios son mayores de edad para manejar sus recursos, y lo más que debería hacer es asesorarlos sin inmiscuirse en sus decisiones. Para llevar toda esa maravilla a la práctica, el legislador dispuso que todos los proyectos financiables con recursos de las regalías, debían ser estudiados en su viabilidad técnica y financiera por los Ocad (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), en los cuales participan representantes de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Con el visto bueno de los Ocad, la Dirección de Planeación Nacional debe girar los recursos a la menor brevedad.


Para este año los recursos ascienden a $9,1 billones de pesos, una cifra sin antecedentes, gracias a la bonanza minero-energética que vive el país. De esa suma, la tercera parte debe ser ahorrada por los entes territoriales en un fondo para pensiones y en otro para impulso a la ciencia y la tecnología. El director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, había prometido que al finalizar septiembre se habría girado el 70% de los $6 billones con destino a proyectos específicos de departamentos y municipios. Terminando octubre y a dos meses de cierre de vigencia, la verdad es que sólo la tercera parte de esos recursos ha sido asignada.


Según las quejas de gobernadores y alcaldes, el decreto reglamentario 1077 hace demasiado complejo el trámite y además no establece un orden de prioridades para que los recursos fluyan hacia proyectos de mayor urgencia. Algunos miembros de las Comisiones Económicas de Senado y Cámara han advertido las inconsistencias de ese decreto y la necesidad de modificar el mecanismo de asignación de recursos. Gran paradoja. Ahora que tenemos dinero en abundancia para invertir en las regiones, no sabemos cómo hacerlo con rapidez y eficacia. En Colombia podría aplicársenos aquello de que “matamos el tigre y nos asustamos con el cuero”.