Editorial

Enésimo abuso tutelar
1 de Septiembre de 2012


Cuesta creer en la buena fe de quienes se arrogan una vocería ciudadana que nadie les ha concedido para presentar ese tipo de tutelas, y en la de quienes las admiten, administrando justicia con tanta ligereza.

Por una deficiente reglamentación legal de ese mecanismo de amparo y en ocasiones por una interpretación laxa de las normas y de la jurisprudencia que lo rigen, en 21 años de vigencia son incontables los exabruptos e incalculables los costos que ello ha representado para el erario y también para los propios ciudadanos.


El último caso inquietante y que puso en ascuas al Ministerio de Transporte y en carreras a miles de propietarios de automóviles de modelo reciente, es el fallo de tutela proferido hace 20 días por el juez 25 civil de Bogotá, que suprime de un plumazo el artículo 202 del Decreto Ley 019 del 2012 (“Ley antitrámites”), expedido por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso. Ese artículo establecía que ninguna autoridad de tránsito podría exigir la revisión técnico-mecánica y de gases a vehículos particulares, diferentes a las motocicletas o similares, que no hubiesen cumplido seis años, contados a partir de la fecha de su matrícula.


El juez de marras le dio la razón al ciudadano Luis Alejandro Motta, quien argumentó en su demanda de tutela que “se estaban violando los derechos a la salud pública, a un ambiente sano y a la vida”, y obligó al Ministerio de Transporte y a las autoridades de Tránsito de todo el país a reimplantar de inmediato la norma derogada del Código Nacional de Tránsito Terrestre, según la cual tal revisión debía hacerse cada dos años, durante los primeros seis, contados a partir de la matrícula del vehículo, y luego cada año.


El Decreto-Ley del 10 de enero de este año, mediante el cual el gobierno Santos eliminó y racionalizó más de un centenar de trámites – engorrosos, inútiles y costosos la mayoría de ellos – fue muy bien recibido por los colombianos. En realidad, con la tecnología actual y los altos estándares anticontaminación impuestos a la industria del automóvil en todo el mundo, es suficiente con los chequeos que cada 10.000 kilómetros, durante el tiempo de garantía, debe cumplir el propietario ante el concesionario, en los que se revisan y corrigen eventuales fallas en frenos, dirección, suspensiones, llantas, luces y niveles permitidos de emisión de gases contaminantes.


La primera consecuencia del fallo en comento fue que – según estadísticas oficiales – los propietarios de cerca de 300.000 carros particulares, matriculados entre el 2008 y el 2010, debieron gestionar de inmediato su certificado técnico-mecánico y de gases en cualquiera de los Centros de Diagnóstico Automotor, CDA, para no afrontar la sanciones previstas en el Código, que van desde multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios y la inmovilización del vehículo, hasta la suspensión y aun la revocatoria de la licencia de conducción por reincidencia.


Para paliar la situación, el Ministerio del Transporte tomó varias decisiones. La primera, impugnar la tutela, argumentando que el juez no es competente para revocar una norma con fuerza de ley. En eso recibió esta semana un oportuno respaldo del Procurador Alejandro Ordóñez, quien en concepto remitido a la Corte Constitucional, para efectos del esperado fallo de revisión, dijo que exigir la revisión técnico mecánica a un vehículo nuevo antes de los seis años “carece de sentido pues tanto el fabricante como el Estado garantizan su buen estado de funcionamiento; el fabricante extiende una garantía por escrito y exigible en términos jurídicos, mientras que el Estado lo hace en razón de las normas técnicas y jurídicas que obligan a los fabricantes y a los comercializadores para que puedan vender el producto”.


La otra medida del Ministerio fue anunciar comparendos pedagógicos a los infractores por el resto del mes y la aplicación plena de las sanciones a partir de este 1º de septiembre, a la espera del fallo de la Corte. Entre tanto, los dueños de los CDA hicieron su “agosto”, pues a razón de $120.000 por certificado, el fallo del juez bogotano les produjo un ingreso extraordinario de $36.000 millones.


Cuesta creer en la buena fe de quienes se arrogan una vocería ciudadana que nadie les ha concedido para presentar ese tipo de tutelas, y en la de quienes las admiten, administrando justicia con tanta ligereza. Por lo que nos parece prudente que entidades de control – como la misma Procuraduría – abran una investigación a fondo de esta tutela y de sus responsables.