Columnistas

Descongestión judicial
Autor: Abelardo Ospina López
23 de Agosto de 2012


¡Creíble! Según el Tribunal Administrativo de Antioquia, “hay procesos que llevan más de diez años sin ser resueltos, debido a que las entidades públicas no acatan los precedentes jurisprudenciales”.

¡Creíble! Según el Tribunal Administrativo de Antioquia, “hay procesos que llevan más de diez años sin ser resueltos, debido a que las entidades públicas no acatan los precedentes  jurisprudenciales”. ¡Caramba, la jurisprudencia serviría enormemente, pues acudiendo a ella muchos serían los procesos que saldrían de los estantes, contribuyendo eficazmente a combatir la muy “traída y llevada” congestión que atiborra los despachos! Las decisiones o fallos de las autoridades judiciales suplen omisiones de la ley: son normas que se fundan en prácticas seguidas en casos análogos. Estamos de acuerdo con quienes afirman que “la Rama Judicial no necesita de una reforma constitucional sino de recursos económicos y talento humano que contribuya a su fortalecimiento”. Y la manera más sencilla de lograrlo es cumpliendo con la apropiación de mayores recursos para que en todos los municipios del país exista servicio de justicia y se pongan en marcha programas de descongestión y remunerar adecuadamente a los funcionarios judiciales. Y evitar que después de la tempestad vivida, entremos en maligno letargo que impida los cambios requridos.


Luis Fernando Otálvaro C., de Asonal, sostiene: “Con los paliativos que se le ha dado a la justicia, podremos estar, en cinco o seis años, al día, eso sí, mientras el Gobierno y el Congreso cumplan con el proyecto, que fija para el 2013 un presupuesto de 300.000 millones de pesos para seguir con la política de descongestión”. Insiste en la necesidad de recursos financieros y tecnológicos y más jueces y funcionarios permanentes. El funcionario recalcó en que “la oralidad como está, no es el remedio para la descongestión. No vamos por buen camino – dice- : hay muchos recursos que se están despilfarrando”.


Se quejan los jueces y magistrados de que no tienen la dotación suficiente de equipos físicos y tecnológicos en las salas de audiencia, en los sistemas de grabación, en los equipos de video y de computación…


En “¿Y de la justicia qué?”, el jurista Néstor Humberto Martínez Neira (Ámbito jurídico Nro.350), con sano criterio nos dice: “Por ahora, no es el momento de volver a hablar de la reforma constitucional. Lo que sigue, entonces, es preguntarnos como ciudadanos, ¿qué será en adelante de la administración de justicia y qué puede esperar el colombiano de a pie, del futuro de ese servicio?”


La reforma era útil en su empeño de acercar la justicia al ciudadano y de hacerla pronta y cumplida. Fernando Mantilla S., en el mismo medio, (“Colombia, ¿sede de arbitraje internacional?”, recalca: “El bochornoso espectáculo que las tres ramas del Poder Público dieron por igual, con ocasión de la fracasada reforma, confirmó que la seguridad jurídica en Colombia sigue siendo un anhelo.”


Al margen.- La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Estela Correa, tiene la delicada responsabilidad de solucionar la situación que se está viviendo en varios centros penitenciarios, debido al nivel de hacinamiento dentro de sus instalaciones.