Columnistas

Mosquera y el otro obispo
Autor: José Alvear Sanin
22 de Agosto de 2012


En la historia de Colombia se pasa como por sobre ascuas cuando se trata de la persecución de la Iglesia por parte de los gobiernos masónicos que se sucedieron a partir de 1862; y en Antioquia, prácticamente no se recuerdan hechos tan repugnantes

En la historia de Colombia se pasa como por sobre ascuas cuando se trata de la persecución de la Iglesia por parte de los gobiernos masónicos que se sucedieron a partir de 1862; y en Antioquia, prácticamente no se recuerdan hechos tan repugnantes como la conversión de los templos en pesebreras por el infame general Rengifo, quien llegó a ocupar la presidencia del Estado Soberano por imposición de la facción ganadora en la insurrección de 1861.


Por esa razón celebro la aparición del conciso opúsculo de Monseñor Nicolás Gaviria Pérez sobre los vejámenes y el destierro que sufrió el segundo obispo de la Diócesis de Santa Fe de Antioquia, Domingo Antonio Riaño Martínez, publicación que hizo posible el doctor Guillermo Tascón Villa.


Tomás Cipriano de Mosquera dictó los decretos de desamortización de bienes eclesiásticos y de tuición de cultos. Por el primero se expropiaron los bienes que sostenían las escuelas, hospitales, ancianatos y orfanatos, cofradías y parroquias, instituciones que no fueron reemplazadas en sus funciones por el gobierno. El segundo decreto fue todavía peor, porque a la reafirmación de la libertad religiosa seguía la obligación, para los ministros de “todos los credos” (en un país donde salvo dos o tres templos para las colonias extranjeras, todos los demás eran católicos), de prestar juramento de sumisión al poder ejecutivo. Como quien dice, la negación absoluta de la libertad proclamada por el mismo estatuto.


Siguiendo con la imitación de la Revolución Francesa, a los sacerdotes que no se sometían se les impedía celebrar la santa misa y ejercer su ministerio, amén de penas de confinamiento, destierro o prisión.


No solo desterró el dictador a su propio hermano, Monseñor Manuel José Mosquera, sino que también a Monseñor Antonio Herrán lo envió a prisión, y a Domingo Antonio Riaño, anciano de 72 años, a confinamiento en Iscuandé (Chocó), antes de desterrarlo a Quito, donde murió a poco de llegar, el 16 de enero de 1866, después de cuatro de persecución.


Su calvario había empezado el 7 de noviembre de 1862, cuando acude a Medellín en respuesta a una citación de Mosquera. El “presidente provisional” le exige prestar juramento. El obispo se niega por motivos de conciencia, y el inverecundo “Gran General”, después de insultarlo lo envía a la cárcel. Luego vendrán interminables periplos en las condiciones más duras, durante varios años, desde Medellín a Manizales y de allí a Iscuandé. Del Chocó a Cali, luego al Huila, subida por el Tolima hasta Espinal, etc., antes de extrañarlo del país. Terribles itinerarios de los cuales el obispo dejó anotación sin que se transparente una sola palabra de resentimiento ni odio.


Indalecio Liévano Aguirre, generalmente objetivo, ha hecho, sin embargo, una defensa poco equilibrada de Mosquera, pero al leerlo nos enteramos, entre líneas, de cómo los “hijos de la viuda”, bajo Murillo Toro, acudieron a los remates de los bienes eclesiásticos con pagarés y libranzas contra la Nación, carentes de todo valor, pero que fueron redimidos por su valor facial para adquirir los bienes de la Iglesia. Pingüe negocio dentro de la ideología liberal de esa época, que odiaba toda intervención del Estado diferente a la gendarmería. Adjudicados los de la Iglesia, el gobierno siguió con los bienes nacionales. El lote del Capitolio se salvó porque no encontró postor, al haberse ya “redimido” todos los papeles de deuda del Estado...


Después de leer el interesante escrito de Monseñor Gaviria, lamento la escasa y sesgada información sobre esos hechos, que requieren el estudio adecuado e imparcial que falta en la historiografía nacional.
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Deja la Feria de las Flores algo bueno: unos bellos cojines floridos en avenidas, calles y parques. Ojalá no sufran la suerte de los de años anteriores, cuando idos los turistas, una municipalidad sin jardineros los deja secar, junto con el creciente número de árboles secos y quebrados que la burocracia, ocupada en sus prebendas, ignora.