Editorial

La Corte y los territorios indígenas
4 de Agosto de 2012


Ojalá los protagonistas de la comedia aprendan la lección, incluidos aquellos dirigentes indígenas del Cauca que corrieron a cantar victoria y a pregonar que la Corte les estaba dando la razón.

Una lamentable comedia de equivocaciones fue la que se presentó el jueves en torno a la falsa noticia de que la Corte Constitucional había ordenado al Ministerio de Defensa y al Ejército que en un término perentorio de seis meses debían desmontar dos bases militares, presuntamente localizadas dentro de territorios ancestrales indígenas en los departamentos de Guaviare y Meta.


Se equivocó la Corte por no saber comunicar sus decisiones, falla que más de una vez hemos criticado en estas columnas, pues al permitir que aquellas lleguen a la opinión pública como producto de filtraciones, en forma fragmentada, descontextualizada y no pocas veces tergiversada, como en este caso, está dando pábulo al sensacionalismo periodístico que no está en función de servicio sino de ganar audiencia a cualquier precio.


Se equivocó el Gobierno y el comando de las FFMM al reaccionar en caliente ante una versión de prensa de una decisión que aparentemente no les habían notificado y que tampoco conocían en detalle. Sin ese requisito, resultaba imprudente aquello de que estaban dispuestos a “dar la pelea jurídica” por la permanencia de las bases militares en Meta y Guaviare, donde es cierto que está amenazada no sólo la seguridad sino la vida y la tranquilidad de muchos colombianos, empezando por los indígenas, que son víctimas del asedio de la narco-guerrilla y de las bandas criminales.   


El escándalo comenzó muy temprano, cuando algún medio radial lanzó la supuesta primicia y de allí se pegaron, como abejas a la miel, muchos otros colegas, especialmente audiovisuales y en línea, en busca de toda clase de reacciones de altos funcionarios, civiles y militares, organizaciones indígenas, “analistas del conflicto”, ONGs de derechos humanos, etc. No era para menos. A primera vista se trataba de una toma de partido de la Corte en el litigio que enfrenta al Gobierno con comunidades indígenas que, amparadas en su autonomía y alegando una discutible “neutralidad frente al conflicto armado interno”, reclaman la salida de las FFAA de sus territorios.


Nosotros mismos no dábamos crédito a que la Corte pudiera estar modificando – vía sentencia – el principio constitucional, innegociable e irrenunciable, de que todo el territorio de la nación debe estar a disposición controlable por parte de las Fuerzas Armadas de la República, instituidas precisamente para velar por la seguridad y el orden, proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos y defender la soberanía del país. Apenas en la noche del jueves, después de un día de agite y especulación mediática, la Corte vino a producir un comunicado aclaratorio.


Explica el alto tribunal que el Auto 173, del 23 de julio pasado, lo que pretende es adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw y Nukak, que corren elevado riesgo de extinción y cuyos resguardos se ubican en el sector de Barrancón, municipio de Aguabonita, Guaviare. Es un pleito de vieja data, pues el auto se desprende de un “estado de cosas inconstitucional”, declarado en 2004 por Sentencia T-025 y de las órdenes emitidas en otro auto del 2009.


La nueva decisión consiste en ordenar al Ministerio de Defensa Nacional “la devolución del área del territorio colectivo – seis hectáreas - que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en atención a lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, y a los principios de precaución, distinción y necesidad militar, y demás normas de DIH que hacen parte del ordenamiento nacional (artículo 93.1 de la Carta), las normas legales vigentes y la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia”. Y concluye: “Tal decisión nada tiene que ver con otros territorios del país”.


Examinadas las cosas con cabeza fría, el Ministerio de Defensa ya dijo que acatará la orden y que lo hará mediante una conciliación con la comunidad indígena, con la cual el Ejército y la Armada mantienen muy buenas relaciones. Ojalá los protagonistas de la comedia aprendan la lección, incluidos aquellos dirigentes indígenas del Cauca que corrieron a cantar victoria y a pregonar que la Corte les estaba dando la razón.