Editorial

縏ransfuguismo por Ley?
24 de Julio de 2012


En principio, no estamos de acuerdo con debilitar los partidos y desconocer la autoridad de sus directivas, pues el respeto por las jerarqu韆s es condici髇 fundamental para su existencia.

En la Reforma Política de hace apenas tres años, se les dio a los servidores públicos elegidos popularmente la prerrogativa de cambiar de partido sin incurrir en sanciones legales, siempre que lo hicieran en un plazo de 60 días contados a partir del 14 de julio de 2009, día en que entró en vigencia el Acto Legislativo.


Cumplido ese plazo, las crónicas de la época registraron cerca de 2.000 reacomodos o trasteos de un movimiento político a otro en todo el país, tanto a nivel de Congreso, como de asambleas y concejos. En relación con el Legislativo, el Partido de la “U” ganó trece representantes y siete senadores y completó con la movida 72 congresistas; el Partido Liberal -entonces en la oposición- ganó tres curules y quedó con 58; el Partido Conservador -de la coalición gobiernista- recuperó cinco senadores y seis representantes y sumó 58 escaños; el Polo Democrático perdió una curul y el más perjudicado con el revolcón fue el partido Cambio Radical, que vio desfilar a once de sus parlamentarios.


En esa ocasión se hizo un gran escándalo en torno a esa norma, que para los críticos del Gobierno lo único que buscaba era propiciar el tránsito de un gran número de parlamentarios a las toldas del Partido de ‘la U’, el partido del presidente Álvaro Uribe, para consolidar una gran mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara. Como analistas, que además creemos en la importancia y la necesidad de fortalecer los partidos políticos, aquel parágrafo transitorio, aparte de que le sirvió al Gobierno de turno, nos parece que dejó resultados positivos. Por ejemplo, el entierro de una decena de partiditos, como Colombia Democrática, Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, entre otros. Hoy la democracia colombiana tiene doce partidos vigentes; todavía demasiados, para nuestro gusto, pero hay normas claras que sacan del juego democrático a los que no alcancen un respaldo determinado en las urnas y cabe esperar que el grupo se vaya decantando a medida que pasen elecciones y los electores ganen en conciencia política. En todo caso, aquello fortaleció a los dos partidos históricos y eso es importante.


Hacemos todo ese recuento de aquel “período de gracia” en que se reacomodó el mapa político nacional, porque se acaban de enterar los colombianos de que ha sido radicado en el Congreso un proyecto de Ley según el cual, si el 60% de los congresistas de un partido, al igual que la cuarta parte de sus bancadas en asambleas y concejos, están inconformes con sus directivas, podrán abandonarlo y constituirse, previa autorización del Consejo Nacional Electoral, en una bancada independiente. También se autorizaría, bajo ciertos criterios, la disolución de colectividades. Se dice además que la norma, por tener carácter estatutario, deberá aprobarse este mismo semestre, para que alcance a ser revisada por la Corte Constitucional y pueda entrar en vigencia desde el 2013.


Nos llama la atención que el campeón de la iniciativa sea precisamente el cuestionado Partido de Integración Nacional, PIN, ahora con participación en la mesa directiva del Congreso, y que, al decir de El Tiempo, el respaldo parezca garantizado en las toldas del Partido de la “U”, de Cambio Radical y de los partidos Liberal y Conservador, y que incluso se diga que el Gobierno lo estaría mirando con simpatía.


En principio, no estamos de acuerdo con debilitar los partidos y desconocer la autoridad de sus directivas, pues el respeto por las jerarquías es condición fundamental para su existencia. Sin embargo, también es cierto que la prerrogativa de cambiar de partido se deriva del derecho fundamental a la libertad de opinión, aun cuando hay una línea muy delgada entre ese derecho y el auspicio del transfuguismo, que consiste en cambiar de bandera al calor de la coyuntura política, con afán simplemente clientelista y en busca de asegurar una tajada del pastel burocrático o de la contratación pública. Hay que estar atentos al curso de los debates.