Columnistas

La economía política uribista
Autor: Guillermo Maya Muñoz
20 de Julio de 2012


El pasado 4 de julio el ex presidente Álvaro Uribe Vélez lanzó del movimiento político Puro Centro Democrático, con un discurso estructurado sobre los llamados “tres huevitos”: Seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social.

El pasado 4 de julio el ex presidente Álvaro Uribe Vélez lanzó del movimiento político Puro Centro Democrático, con un discurso estructurado sobre los llamados “tres huevitos”: Seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social.


La economía política de AUV, consiste en la promoción de la gran empresa agrícola y la gran minería con “alta tecnología”. Por un lado, los estímulos a la inversión incluyeron deducciones de impuestos por inversiones en capital fijo, contratos de estabilidad tributaria, zonas francas que funcionan como “paraísos fiscales internos” para industrias que no representan ninguna innovación (la cervecería por ejemplo), subsidios a la gran empresa agrícola, deducciones de impuestos por el pago de regalías por parte de la gran minería, bajas tasas de regalías (4% para el oro), etc. La regla tributaria uribista es que “no hay razones para más impuestos”. Uribe niega que sean “gabelas para los ricos”. Son estímulos.


La economía política uribista para los trabajadores es el “sindicalismo empresarial” que  “es la ecuación del empleador con solidaridad, y el trabajador con responsabilidad empresarial. Una manera de implementarlo es el contrato colectivo de obra con la organización de los trabajadores, además la prelación que debe concederse a esta para servicios de tercerización. De esto modo, la mera lucha reivindicativa es remplazada por el entendimiento fraterno de largo plazo”.


Las relaciones fraternales son complejas y no son tan idílicas como AUV pretende hacernos creer: El primer crimen en la Biblia es un fratricidio, y la historia colombiana de la violencia y el despojo no es un ejemplo propiamente de amor fraternal. En una democracia las relaciones entre los hombres, iguales ante la ley, se rigen por el marco jurídico que define el contrato social.


AUV quiere replantear la misión de los sindicatos, que de instrumentos democráticos en la lucha para la reivindicación (Uribe llama mera lucha reivindicativa) de los derechos de los trabajadores, se conviertan en instrumento para la contratación de los trabajadores con los empresarios, a través de la tercerización de actividades de las empresas.


La tercerización, a través de contratos sindicales o de cooperativas de trabajadores, son formas que precarizan la relación laboral, así como los ingresos del trabajo, bajo el supuesto de que son formas organizativas solidarias entre sus asociados.  Sin embargo, estas formas han terminado por ser formas adecuadas para rebajar los costos de las empresas, y por lo tanto los salarios y las prestaciones sociales a los trabajadores. No es una sorpresa que una empresa como Avianca use este tipo de contratación con una gran parte de sus trabajadores.


Por otro lado, AUV no es claro cuando habla de “sindicalismo armado”, como el opuesto al “entendimiento fraterno entre empleadores y trabajadores”. Sin embargo, si alguna cosa es clara en Colombia es que el anti sindicalismo sí es armado. Ser dirigente sindical en Colombia no es nada fácil. Colombia tiene el triste record en homicidios de directivos sindicales. Que algunos grupos armados se hayan erigido en defensores de algunas reivindicaciones laborales en algún momento, no es razón suficiente para estigmatizar la labor sindical. Los grupos armados han sido más funcionales a los intereses de los grupos de poder en Colombia que a los intereses populares y al movimiento social que son victimizados como subversivos. La gran concentración de los ingresos y de la riqueza, y en particular de la tierra, en Colombia, en medio de una violación sistemática a los derechos humanos son pruebas de la afirmación anterior.


AUV es un experto en asuntos laborales. AUV como senador ponente defendió ley 50 del 90 (o retroactividad de las cesantías), y la ley 100 de 1993 (privatización de la seguridad social con cesantías, pensiones y salud), de la cual ya estamos observando sus consecuencias nefastas sobre al salud de los colombianos. Además, como presidente hizo la última reforma laboral (Ley 789 de 2002).


El objetivo de estas leyes ha sido la disminución de los costos laborales, sin que la promesa de más empleos se haya realizado, convirtiendo los empleos a tiempo indefinido en contratos de corto plazo, con salarios más bajos.


En resumen: bajos salarios y estímulos a la inversión es el compendio de la economía política uribista.