Editorial

Un lamentable parto de los montes
23 de Junio de 2012


Pese a todo, nuestro llamado es a la calma, pues si algo demuestra este penoso episodio es que las instituciones conservan aun la fortaleza necesaria que nos permite esperar su plena recuperaci髇 en t閞minos razonables.

En eso terminó convertida la manoseada reforma de la Justicia, después de un año de debates en el Congreso y de agrias polémicas por fuera del mismo. Al final, el texto que salió de la comisión de conciliación desató una ola de indignación en el país que obligó a que el presidente Juan Manuel Santos abandonara anticipadamente la Cumbre de Río+20 y viajara a Bogotá a ponerle el pecho a la tormenta, y a que anoche, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunciara su renuncia irrevocable porque “alguien tiene que asumir el costo político de lo que ha pasado”. 


En alocución radiotelevisada de la noche del jueves, el primer mandatario comunicó su tajante decisión a los colombianos: “Mañana (viernes), devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia que he recibido para su promulgación”. Según el presidente Santos, es la primera vez en la historia que un jefe de Estado adopta una posición tan drástica. En efecto, muchos de sus antecesores objetaron proyectos de ley, generalmente de origen parlamentario, pero en este caso se trata de una reforma constitucional, propuesta y batallada por el propio Gobierno, que cursó los ocho debates reglamentarios tras difíciles acuerdos con las Cortes y que, a la postre, una comisión bicameral encargada de conciliar los textos aprobados en las plenarias, en forma abusiva, introdujo una colección de “micos” monumentales, advertidos a tiempo por los 26 congresistas que votaron en contra, por organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Excelencia en la Justicia, y por el propio ministro del ramo, Juan Carlos Esguerra.


Resulta inaceptable para el país y para el Gobierno, como advierte el presidente Santos, que la Comisión de Conciliación, por sí y ante sí, traicionando lo resuelto en los debates y desbordando sus atribuciones, decidiera quitarle a la Fiscalía la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantan contra exfuncionarios con fuero, cuyo efecto inmediato sería la parálisis de muchas investigaciones en curso por parapolítica, farcpolítica, corrupción y otros delitos, y adicionalmente los detenidos podrían quedar en libertad. Eso no tiene otra lectura que la clara intención de legislar en causa propia y a favor de sus amigos.


Del mismo corte es la eliminación, como causal de pérdida de investidura, de la violación al régimen de inhabilidades. Ese régimen establece, por ejemplo, que no puede ejercer como congresista quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad, o quien haya ejercido como empleado público en los doce meses anteriores a la elección o intervenido en negocios ante entidades públicas. También decidieron eliminar la inhabilidad de la que habla el Artículo 110 de la Constitución, reformándolo en el sentido de que, a partir de la vigencia de la reforma, “los servidores públicos, incluidos los congresistas, podrán financiar e invertir recursos en campañas y partidos”. En materia penal, los congresistas serían investigados y juzgados por dos nuevas salas en la Corte Suprema, totalmente independientes de la Sala Penal, que es la que ha llevado los procesos de la parapolítica. Nosotros hemos apoyado la doble instancia como un derecho legítimo de los parlamentarios, pero no conseguida con maniobras fraudulentas.


Para nosotros, todo lo actuado por esa comisión es tan desproporcionado y absurdo, que ni los peores enemigos de la reforma pudieron inventarse algo peor para desacreditarla y, muy probablemente, desatar su entierro definitivo. Esta concluyente frase del presidente Santos lo dice todo: “Queríamos y queremos una Reforma constitucional a la Justicia para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados, o para generar un caos en la Justicia”.


Pese a todo, nuestro llamado es a la calma, pues si algo demuestra este penoso episodio es que las instituciones conservan aún la fortaleza necesaria que nos permite esperar su plena recuperación en términos razonables.