Columnistas

Internet: un derecho fundamental
Autor: Jorge Alberto Velásquez Betancur
10 de Mayo de 2012


El acceso a Internet es un derecho fundamental. En tal calidad, puede ser regulado, pero no puede ser restringido ni limitado.

El acceso a Internet es un derecho fundamental. En tal calidad, puede ser  regulado, pero no puede ser restringido ni limitado.


Bajo el pretexto de acomodar la legislación colombiana al texto del TLC con EEUU (cuando debía ser lo contrario: que el TLC se adaptara a la normatividad colombiana), el gobierno nacional presentó y tramitó por la vía de urgencia, en forma excepcionalmente rápida, el proyecto de Ley 201 de 2012, norma que la gente en su sabiduría reduccionista bautizó inmediatamente como “Ley Lleras 2.0”, ya que el primer proyecto insistía en penalizar la violación de los derechos de autor en Internet, rechazado por lesionar los derechos fundamentales con el prurito de la seguridad. El proyecto aprobado fue promulgado como Ley 1520 el 13 de abril de 2012.


La Constitución Política de Colombia, al consagrar el régimen de derechos y libertades del Título II, prohibió en forma tajante su limitación, según se desprende del contenido del artículo 93 C.P.:


“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.


Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.


Si en este artículo se obliga a interpretar las normas sobre derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales sobre la materia y se prohíbe expresamente su limitación en los estados de excepción, con mucha mayor razón no puede haber restricción de derechos humanos en plena vigencia del orden legal.


Esta afirmación obedece al hecho claro y contundente de que el Acceso a Internet es un derecho fundamental, pues se entiende como una aplicación del Derecho a la Información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, sobre cuyo contenido y alcance existe una amplia y suficiente jurisprudencia de la Corte Constitucional.


Asimismo, la Constitución de 1991 permite considerar como Derechos Fundamentales no solo los que están consagrados explícitamente en el capítulo I del Título II, sino también aquellos que en un caso determinado se puedan tener como tales, por ser inherentes a la persona humana. Ese es el espíritu y sentido del artículo 94 de la Constitución: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.


Como derecho fundamental, el acceso a Internet no puede tener limitaciones ni restricciones.


Por tratarse de la regulación de un derecho fundamental, el proyecto de Ley 201 de 2012 debió tramitarse como Ley Estatutaria, tal como lo obliga el artículo 152 de la Constitución:


“Artículo 152: Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:


Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.


A renglón seguido, el artículo 153 de la Carta exige que para la aprobación o modificación de las leyes estatutarias debe contarse con la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, tramitarse en una sola legislatura y contar con la revisión previa de la Corte Constitucional.


Hay que decir, de entrada, que la Ley 1520 tiene vicios de trámite que la hacen inexequible, por cuanto no se respetó el debido proceso para la aprobación de una Ley Estatutaria.


Pero, si con lo anterior no fuera suficiente, el acceso a Internet fue declarado por la ONU como un “Derecho Humano”.  Así se aprobó en el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de esta organización, de la cual Colombia es Estado parte y como tal, se obliga a cumplir con sus declaraciones y a incorporarlas a su legislación interna.