Política

Panorama
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
14 de Abril de 2012


Restaba el pronunciamiento en torno al tenaz debate nacional entre los usuarios de las TIC y los políticos tras la aprobación de la Ley 201 o llamada “Ley Lleras 2” del propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

Del Mininterior


Restaba el pronunciamiento en torno al tenaz debate nacional entre los usuarios de las TIC y los políticos tras la aprobación de la Ley 201 o llamada “Ley Lleras 2” del propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien de una aseguró que no es cierto que el proyecto de implementación del TLC penalice a usuarios de internet y los invitó a que conozcan en detalle las medidas sobre derecho de autor incluidas en la nueva norma y a que no le hagan juego a la campaña de desinformación que asegura, por ejemplo, que los usuarios de internet serán castigados con cárcel. Anunció que por medio de su cuenta en twitter @German_Vargas, y en @Ministerio_Tic, se resolverán las inquietudes de los cibernautas sobre qué contempla esta iniciativa que pasó a sanción presidencial. “Estamos dispuestos a responder cualquier inquietud frente a esta iniciativa, lo venimos haciendo y hemos abierto diferentes mecanismos en internet, redes sociales y medios de comunicación para resolver cualquier duda a este respecto como insistir en que no hay penalización para ningún usuario de internet”.


Desinformación


El ministro Germán Vargas Lleras reiteró que “entre la ley que se aprobó esta semana y la mal llamada “Ley Lleras”, que en su momento naufragó en el Congreso, no hay ninguna identidad en cuanto a las restricciones que se imponían, de manera que no es cierto que un usuario de internet o un estudiante vaya a ser penalizado”. Agregó que la desinformación alrededor de las medidas sobre derecho de autor contempladas en el proyecto del TLC es resultado de una campaña de la oposición que, en busca de réditos políticos, ha  utilizado argumentos que no son ciertos y que no están contemplados en el proyecto. “Dentro de todo esto hay un componente político que, además, está haciendo un mal uso de la información y que está tergiversando el alcance de las disposiciones que se aprobaron. Esto se ha convertido en una bandera política, ese sector, que ya le había hecho oposición al Tratado de Libre Comercio, quiso persuadir al Congreso y a la opinión pública de que nosotros estábamos imponiendo restricciones que penalizaban a los usuarios de internet, lo que es falso y no es así”, puntualizó.


Emisora U. de M.


El rector Néstor Hincapié sigue acosando todos los días para que se acelere el proceso de montaje de la emisora de la U. de M., que quedará en el dial de Medellín entre las estaciones radiales básicas de Todelar y RCN, o sea, entre los 910 y los 990 A.M. Y una vez que entre al aire allí se seguirá transmitiendo el programa Planeta Rojo, en el cual la monita Beatriz Oquendo entrevista a veces a políticos sobre asuntos de coyuntura. Ya no se escucha la voz del también colega  Juan Carlos Céspedes, quien desde hace rato está encargado de que el coqueto teatro de la U. de M. produzca dividendos y quien anuncia para estos días la presentación de Ana y Jaime, Piero y otros cantantes de aquellos maravillosos años 60 y 70. Ahora que me acuerdo tengo que hablar con la monita Oquendo. No se me pierda.


Grados


A propósito de la U. de M. Recientemente se graduó como abogada Julia Ramírez Martínez, la hija de la socióloga María Victoria Martínez y del tremendo profesor de la Universidad Nacional, Édgar Ramírez, también sociólogo, abogado y con doctorado de la Universidad de Sevilla con una completísima tesis sobre Medellín y quien fue uno de los promotores del actual programa de ciencias políticas en la UN de la capital paisa. Y mi extraterrestre de Luismi también optó por los estudios del derecho y le encanta la política. Ahí vamos rumbo a que sea concejal de Medellín.


El lunes


El político, profesional y empresario rionegrero Diego Botero asume este lunes como nuevo asesor externo de Aguas de Rionegro, donde será una ficha clave del alcalde Hernán Ospina.


Bendito empleo


Fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley # 007 de 2011 mediante el cual los profesionales graduados que aún no poseen una experiencia laboral puedan  ser contratados por entidades públicas sin necesitarla. “Esta es una gran oportunidad para que los jóvenes y las jovencitas puedan ingresar al sector público sin requisito de experiencia de orden territorial. Y así mejorar su calidad de vida, la de su familia y contribuir al desarrollo del país,” argumentó el legislador antioqueño Juan Valdés, ponente de la iniciativa que complementa la Ley de Formalización y Primer Empleo, en la cual se deja por fuera de la exclusión de requisitos de experiencia a las entidades públicas. También pretende modificar el Artículo 13 del Decreto 785 de 2005 añadiendo un parágrafo así: “además de los requisitos de estudio y experiencias fijados en el presente Artículo, los departamentos, distritos y municipios tendrán unas categorías en el nivel profesional de su planta de cargos, a los cuales no se les exigirá experiencia profesional y relacionada”. Un ejemplo importante es  la Universidad de Antioquia, entidad de educación superior de la que en el 2011 egresaron 5.901 profesionales, es decir, personas preparadas para ingresar al mundo laboral. A diciembre del mismo año la U. de A. reportó 35.871 estudiantes cursando pregrados, población que al graduarse les  beneficiaría la Ley cuando entre en vigencia. El proyecto pasará de la Comisión Séptima a Plenaria de la Cámara, para luego hacer trámite por el Senado.


Distrito agrícola


Una gran idea aportó el diputado Andrés Guerra a la propuesta del cinturón verde del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria y que el corporado considera vital para la protección del medio ambiente de los corredores verdes del área metropolitana. Guerra explicó que consiste en generar un programa mixto entre lo público y lo privado, creando el Distrito Agrícola Occidental, que cobija los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal. Recalcó que se verían fortalecidas la generación de empleo y la producción de alimentos, aprovechando la fertilidad de las tierras y la vocación campesina que aún cobija este sector de la ciudad.



Ley contra ataques con ácido


La Comisión Primera de asuntos constitucionales aprobó en primer debate el proyecto de ley 091 de 2011, que pretende fortalecer la protección a la integridad personal de quienes han sido violentados con sustancias químicas, tales como el ácido.


Según el representante liberal antioqueño, autor del proyecto, Óscar de Jesús Marín, se busca no solo castigar severamente a quienes atentan contra la integridad personal de manera dolosa o gravemente culposa, sino que, además, pretende acabar con la indiferencia e indolencia que ha venido caracterizando a la sociedad colombiana, contemplando estas acciones como un delito contundentemente tipificado, pues no puede convertirse en una actuación cotidiana el perjuicio a la integridad, estabilidad, equilibrio y salud, así como a la vida propia en términos sociales, familiares, económicos, sexuales y sentimentales, ya que dicho actuar transforma tanto la apariencia física de la víctima que queda completamente desfigurada, como su vida en sociedad.


El visto bueno de la Comisión demuestra el interés por proteger los derechos de las víctimas de ataque con ácido en rostro y cuello. Ya es hora de ponerle un freno a estos actos atroces y empezar a salvaguardar la integridad personal de quienes padecen hoy el sinsabor de no contar con fallos que equiparen la atrocidad del delito con la pena impuesta y, a su vez, de no poder contar con la capacidad económica para enfrentarse a este tipo de lesión, pues en la mayoría de los casos se carece de dinero y medios, por lo que aún es más grave la lesión realizada sobre la persona. Adicionalmente y en pro de impulsar esta iniciativa, radicada como el proyecto 7 de septiembre de 2011, se concertó el articulado del proyecto de ley y se realizó una enmienda al mismo sin desamparar a las víctimas y sin afectar la iniciativa inicial. En este orden de ideas, el articulado inicial pretendía una condena mínima de 10 y una máxima de 20 años y tras la concertación y como fue aprobado en la célula congresional, la norma actual pasará en su pena mínima de 2 años y 8 meses a 5 años y 4 meses y en su máxima pasará de 10 años y 6 meses a 14 años. Marín confía en que durante la discusión en la Plenaria de la Cámara, se puedan endurecer aún más estas penas, fortaleciendo así la protección y reparación de las víctimas de estos ataques, pues como lo denota en la exposición de motivos del proyecto "Colombia es un país que ya tiene suficiente sufrimiento con tanta agresión social, interpersonal como nacional, para dejar pasar inadvertidos estos actos que terminan de sumir a la sociedad colombiana en miedo y dolor".