Editorial

La justicia para adolescentes
8 de Febrero de 2012


Instamos al Congreso a tomar en serio las recomendaciones de la Comisi髇 y a corregir lo que sea menester para salvar tan importante herramienta de justicia.

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Hace cinco años y medio, al igual que la inmensa mayoría de los colombianos, saludamos con esperanza la aprobación de un nuevo Código de Infancia y Adolescencia, dentro del cual se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa), aplicable a las personas entre los 14 y 18 años de edad que cometan delitos.


Como lo señalamos en su momento, era un buen principio filosófico que los procesos de investigación, acusación y juzgamiento de adolescentes tuvieran un carácter pedagógico, diferenciado y especializado, y que, de conformidad con tratados internacionales sobre la materia, la privación de la libertad fuera la última medida que aplique el juez y solo cuando sea estrictamente necesario. Según la norma, la tabla de sanciones para conductas de los delincuentes adolescentes van desde la amonestación, pasando por la libertad vigilada, el servicio obligatorio a la comunidad y el semi-internado, hasta la privación de la libertad. En esa gama el juez deberá definir qué castigo impone de acuerdo con la gravedad del delito.


En Colombia, diez de cada cien capturas -en flagrancia o por orden judicial- son de menores de edad -el 40% por hurto, el 29% por tráfico y porte de estupefacientes y el 4,8% por homicidio- según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, recogidas entre octubre de 2007, cuando se implementó el Srpa, y el 26 de julio de 2010. En ese período, según la misma fuente, se presentó un promedio anual de 200 homicidios a manos de muchachos entre los 14 y los 18 años. Ante un fenómeno de tal gravedad y de tendencia creciente, con las organizaciones al margen de la ley reclutando a miles de menores de edad para sus empresas criminales, es claro que una norma de tal naturaleza es absolutamente necesaria, siempre que la misma se aplique eficientemente y no termine, como tantas otras, convertida en letra muerta.


Por eso desconcierta y decepciona la noticia de que algo muy cerca al fracaso está pasando con el Srpa. Lo vimos ayer en una breve nota informativa de un diario capitalino, y de inmediato nos remitimos al documento que allí se cita. Se trata del Informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, creada mediante el Artículo 110 de la Ley 1453 de 2011, con el objetivo de verificar si la norma “sí estaba cumpliendo con la finalidad pedagógica, específica y diferenciada, para la cual se diseñó y si estaba asegurando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” ocasionado por los menores delincuentes. El informe de 34 páginas fue entregado a la presidencia de la Cámara de Representantes, a fines de diciembre, y allí no solo se hace un franco diagnóstico de la crisis del novel sistema y se analizan los diez puntos más críticos sino que se presentan propuestas para superarlos.


La Comisión encontró vacíos legales en la aplicación del Srpa, problemas de interpretación discrecional por parte de fiscales y jueces, y deficiencias en la capacitación de los funcionarios responsables de adelantar esos procesos de justicia especializada. Aparte de eso, advierte que son muy pocos en el país los centros especializados en que, según la Ley, deben cumplirse las detenciones preventivas o las sanciones no privativas de la libertad, al igual que la insuficiencia de cupos en centros penitenciarios para albergar a menores condenados a penas de prisión.


Sin embargo, uno podría decir que esos son problemas subsanables y propios de todo sistema en proceso de implementación, pero lo que nos pareció insólito, dentro de los hallazgos del estudio, es que a estas alturas no se sepa a ciencia cierta cuál es el organismo rector del Srpa, y que al legislador se le pasara por alto asignar responsabilidades financieras, tanto a la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, como a las entidades territoriales y al Icbf, que ahora se chutan la pelota cada que un juez dicta una sentencia contra un menor.


No podemos menos que instar al Congreso a tomar en serio las recomendaciones de la Comisión y a corregir lo que sea menester para salvar tan importante herramienta de justicia.




Comentarios
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Carla
2012/02/08 11:12:13 am
Debemos perseguir a los cabecillas terroristas hasta lo m醩 hondo de las madrigueras en donde se escondan te sugiero esta noticia http://goo.gl/Y8pm2