Economía

En dos meses se conocerá viabilidad de Autopistas de la Montaña
Autor: Andrés Felipe Vera Ramirez
7 de Febrero de 2012


En dos meses el Gobierno Nacional se pronunciaría oficialmente sobre la viabilidad del proyecto Autopistas de la Montaña y ahí anunciaría cuánto estaría dispuesto a aportar la Nación a este megaproyecto, tras solicitar información adicional a ISA.

Foto: Giuseppe Restrepo 

La doble calzada Bello-Hatillo, en Antioquia, es una obra que conectaría con uno de los tramos de Autopistas de la Montaña.

 

Antioquia toda se encuentra a la expectativa de qué pasará con Autopistas de la Montaña.


En lo económico, en dos meses se conocería todo lo relacionado con la viabilidad del proyecto y cuánto estaría dispuesto a aportar la Nación; en lo político, en Antioquia se defiende que este megaproyecto no es solo para beneficio del departamento, sino del país y ahora en lo jurídico, cuestionamientos por parte de la Procuraduría obligan a reuniones de alto nivel, en los sectores público y privado, para ratificar el respaldo a este megaproyecto.


Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, fue enfático y dijo: “Nosotros no vamos a parar”. Al mismo tiempo, reiteró que este es un proyecto prioritario para el presidente de la República y para el Ministerio de Transporte
Según Andrade, tras los cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación, sobre si era posible hacer un “convenio ínter-administrativo” con la empresa Interconexión Eléctrica S.A., ISA, para la estructuración y operación de Autopistas de la Montaña, el tema esta ahora en manos del Consejo de Estado y “esperaremos se pronuncie lo más pronto posible”, dijo él.


Frente a esta incertidumbre, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expresó: “Autopistas de la Montaña la estudió juiciosamente el Gobierno Nacional, la Alcaldía, la Gobernación, cámaras de Comercio, gremios. Se contrata con Interconexión Eléctrica S.A., ISA, una empresa en la cual el Estado es socio mayoritario, una empresa sumamente seria. Entonces, ¿dónde está el problema? A mí me preocupa que se vaya ahora a buscar argumentos, a buscar excusas para negarle o aplazarle a Antioquia esta gran reivindicación”.


Un escenario pesimista


La comunicación de la Procuraduría General apenas llegó a la Agencia Nacional de Infraestructura el pasado viernes, así lo confirmó Luis Fernando Andrade, quien señaló que todo este tema está en estudios jurídicos actualmente. De hecho, según el gobernador Sergio Fajardo Valderrama, este miércoles se reunirían él, el alcalde Anibal Gaviria Correa, ISA, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura para recibir todos los detalles.


Sin embargo, ante este “escollo jurídico”  y un hipotético fallo del Consejo de Estado en contra del convenio celebrado entre el Gobierno, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia e ISA, el director de la ANI afirma que hay alternativas para que aún con los retrasos que podrían venir, la fecha límite  de 2025 ofrecida actualmente podría cumplirse e incluso realizarse las obras en menor tiempo.


“De ser declarado nulo este contrato, en esa hipótesis, nosotros podemos proceder a hacer un contrato de concesión sin ningún problema y de esa forma podría llevarse a cabo el proyecto”, afirma Andrade.


“Un proceso de licitación pública de esta naturaleza normalmente demora entre seis y nueve meses, dependiendo del tiempo que le de uno a los licitantes para hacer la debida diligencia en el terreno. En ese sentido un proceso de licitación pública puede alargar la obra. Sin embargo, si nosotros conseguimos varias firmas que trabajen en paralelo podríamos acortar el tiempo de construcción. Podría ser que al final del día se puedan entregar las obras más rápido que bajo el esquema actual”, agregó el director de la Agencia Nacional de Infraestructura.




Respaldo público-privado


En Antioquia el respaldo al megaproyecto Autopistas de la Montaña, y al convenio celebrado con ISA, provino tanto del sector público como del privado.


En un comunicado que firman los directores de la Andi en Antioquia, de Fenalco en el departamento, de Proantioquia, de la Sociedad de Ingenieros de Antioquia, de la Cámara Colombia de la Infraestructura en la región y de las cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, de Aburrá Sur y del Oriente Antioqueño, todos respaldaron el proyecto. En juntas directivas como la de Fenalco y la de la Andi, los comerciantes e industriales en pleno también respaldaron lo dicho.


"Tal como lo conocen los organismos de control, los agentes de las bolsas de valores de Colombia y el exterior, entes regionales y nacionales, públicos y privados, la propiedad de ISA en más del 70% está en manos de entidades públicas, y su Junta Directiva es mayoritariamente propuesta por el Gobierno Nacional, hechos que la habilitan para firmar convenios interadministrativos como los existentes para adelantar el Proyecto", describen todos los firmantes en el comunicado.


Por su parte, el alcalde de Medellín, Anibal Gaviria Correa dijo: "Queremos ser prudentes, pero lo que sí tenemos claridad absoluta es que esta es una obra de trascendencia nacional y vamos a buscar todas las fórmulas para que de ninguna manera se frene, porque eso perjudicaría a buena parte del centro y suroccidente del país que la tiene como una obra trascendental en su competitividad y su conectividad".


Así mismo, el gobernador Sergio Fajardo Valderrama señaló que las Autopistas de la Montaña son "cruciales para la competitividad de Colombia" e igualmente se mostró prudentes hasta no tener mayor información. "Vamos a ser muy sabios, que significa ser prudentes, ser inteligentes, ser cuidadosos y ser constructivos, eso es lo que queremos ser", dijo Fajardo.


 




Contexto jurídico


Abogados consultados por el periódico EL MUNDO, que prefirieron no dar declaraciones frente a este caso, señalaron que ISA sí puede hacer convenios interadministrativos.


Entre sus argumentos citaron la Ley 80. Esta, en su artículo 2 define a las "entidades estatales" y en un aparte enumera además de la Nación, de las regiones, departamentos, áreas metropolitanas, entre otros, a "las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.


En cuanto a la contratación, es la ley 489 la que según ellos se refiere al tema. En su artículo 95 señala: "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro".