Antioquia

Flows in the Victims’ Law
Ministerio Público señala falencias en Ley de Víctimas
16 de Enero de 2012


De acuerdo con lo expresado por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, los formularios diseñados para el registro de las víctimas se está convirtiendo en todo un trámite tortuoso.

Foto: Pablo Andrés Pasos 

El Ministerio Público espera que en Antioquia se inscriban más de 200.000 víctimas al Registro Único de Víctimas, siendo de paso, el departamento con el mayor número de afectados por la violencia en el país.

Curiosamente, mientras el Gobierno Nacional pone a marchar la Ley Antitrámites con el fin de suprimir diligencias innecesarias y así simplificarle la vida a los colombianos, el arranque de su otra iniciativa importante, la Ley de Víctimas, evidencia ya toda suerte de dificultades precisamente por los engorrosos trámites.


Al respecto, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que el formulario diseñado para el registro único de víctimas, con el cual se espera unificar las cifras de afectados por la violencia en Colombia, presenta inconsistencias que constituyen un verdadero “cuello de botella” si no se toman los correctivos apropiados.


De acuerdo con los análisis del Ministerio Público, el formulario para el registro único de víctimas es un instrumento complejo de diligenciar, que requiere de las víctimas información que no es indispensable, que trasciende la establecida en el Decreto 4800 de 20 de diciembre de 2011, que contiene definiciones jurídicamente inexactas, que tiene un enfoque orientado especialmente a las víctimas del desplazamiento y que establece requisitos que la Ley no ha previsto.


El diligenciamiento de dicho formulario, agregó Ordóñez, demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas.  En promedio se elaboran cuatro al día, lo que retrasa la labor de registro de las víctimas, que según el documento Conpes 3712 de 2011, se estiman cercanas al millón de personas.


 A lo anterior se suma el hecho de que las personerías municipales no cuentan con los recursos humanos y técnicos para el registro.


Justamente, Héctor Preciado, jefe de Atención al Público de la Personería de Medellín, declaró que el nuevo formato diseñado para la inscripción de las víctimas representa un retroceso pues “en pleno siglo de la tecnología y a puertas de la Ley Antitrámites que exige mayor celeridad de las entidades públicas, el hecho que  el nuevo formato no sea electrónico, dificulta la atención a las víctimas y la celeridad en los trámites”.


Para Preciado, una prueba de estos inconvenientes es el tiempo que requiere el funcionario público o la persona encargada del diligenciamiento para llenar los campos correctamente, el cual toma entre una y dos horas en promedio, dado su extensión.


Para la Personería también constituyen motivo de preocupación el incremento de tiempo en el proceso de valoración, que ya es de 60 días; la no inclusión de ítems como lesiones personales, extorsión y  bienes muebles e inmuebles.



Llamado al Gobierno Nacional


Otro de los aspectos sobre los que llamó la atención el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, fue sobre la falta de funcionarios con los que cuenta el Ministerio Público para atender la misión que le fue encomendado por la Ley de Víctimas y que para el procurador reviste vital importancia ante las amenazas, hostigamientos e incluso, asesinatos a víctimas y líderes de organizaciones de víctimas que se vienen presentando. Como se recordará, serán las personerías municipales las encargadas de coordinar y acompañar las mesas de víctimas en los municipios. También recepcionarán las declaraciones de las víctimas.


Ordóñez llamó la atención del Gobierno Nacional para que supere estos inconvenientes así como las dificultades que se avizoran en el corto y mediano plazo con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.