Columnistas

Justicia telegrafiada para la paz
Autor: Rubén Darío Barrientos
18 de Agosto de 2016


Como en este proceso con las Farc no hay puntada sin dedal (¿qué cosa tan rara, verdad?), ahora el gran novelón es el de la jurisdicción especial para la paz (JEP).

Como en este proceso con las Farc no hay puntada sin dedal (¿qué cosa tan rara, verdad?), ahora el gran novelón es el de la jurisdicción especial para la paz (JEP). O mejor aún, el batallón para la paz. Ello se colige del enorme aparato y de la gran cantidad de sillas que habrá: 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros; las salas de justicia, con 18 nacionales y 6 foráneos y, adicionalmente, una lista de 19 nacionales y 5 extranjeros en caso de que se requiera aumentar el número de falladores, habida cuenta de los procesos o de que se necesite sustituir a alguien.  Por supuesto, todo está previsto…


Se dice que este Tribunal juzgará no solo los innumerables delitos de las Farc sino que determinará la responsabilidad de sus cabecillas. Y que se aplicará –aseguran los sabiondos– a los que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, a los ciudadanos que sean reportados como comprometidos con el conflicto y a los que hayan financiado o colaborado el paramilitarismo. En editorial del periódico El Colombiano (14 de agosto último), se dice que “muy pocos han estudiado y advertido los alcances del punto 48 del acuerdo y los riesgos de una estrategia sistemática de venganza judicial contra enemigos políticos de quienes redactaron este acuerdo”.


Lo primero que hay que aseverar es que ya enredaron al papa Francisco para que señale a dedo a uno de los suyos en Colombia y participe, en su nombre, en el comité de selección de magistrados que conformarán la justicia especial que “juzgue” a los que cometieron crímenes atroces durante el conflicto armado y a los demás encartados. Blanco es, gallina lo pone: el jesuita Francisco de Roux, será su delegado. Afectísimo al proceso de paz santista, fundador del programa de desarrollo y paz del Magdalena medio, del Cinep y director del programa para la paz de la Compañía de Jesús, es muy querido por los zurdos y será garantía total y absoluta para las Farc.


Lo segundo, es que también tendrá influencia, por delegación, un vocero de un instituto internacional de justicia. Blanco es, gallina lo pone: Rodrigo Uprimmy, el mismísimo investigador de Dejusticia. Quien también puede entrar por la ONU, ya que es miembro del comité de derechos económicos y sociales de ese organismo. Muy afecto al proceso de paz santista, también es muy querido por los zurdos y será garantía total y absoluta para las Farc.


Viene otro personaje que tendrá a su cargo todo el influjo de las universidades: el exmagistrado Juan Carlos Henao, autor de la justicia especial para la paz. Blanco es, gallina lo pone. De igual forma, muy afecto al proceso de paz santista, también es muy querido por los zurdos y será garantía total y absoluta para las Farc. Así mismo aparece en escena el SUE, que reúne a los rectores de las treinta y dos universidades públicas y estatales. La junta, la dirige Luis Fernando Gaviria Trujillo, hermanito de César Gaviria. Otra garantía incuestionable.


Se pregunta la gente: ¿De dónde saldrán tantas personas con las calidades para ser magistrados de este tribunal de Paz? Todos deben ser abogados, estar altamente calificados y tener sapiencia en derechos humanos o resolución de conflictos. El portal lasillavacia.com, dijo recientemente que “en un país de abogados, no faltarán las demandas contra la Jurisdicción Especial de Paz cuestionando la validez constitucional con dos argumentos: el que el juez escogido no existiera antes de los hechos que va a juzgar sino después, y que unos jueces de un tribunal ad hoc, incluidos unos internacionales, tengan la potestad de revisar sentencias de la Corte Suprema de Justicia”.


Se le cae a uno el carriel cuando sabe que esto es amangualado por el gobierno y las Farc. Póngale la firma. Y la inferencia de que todo esté telegrafiado desde la mesa. Habrá bellísimas sentencias de impunidad para las Farc, que costarán al erario público miles de millones de pesos en salarios de los togados.