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El nuevo acuerdo llevará al Congreso reformas para ser incluidas en el acto legislativo para la paz, el cual se encuentra en estudio por parte del Senado y la Cámara. 

De acuerdo con el jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle: “El acuerdo tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final; asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento del mismo. Y lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado de Derecho”. 

En ese sentido, De la Calle indicó además que las medidas que se implementarán en el acuerdo incluirán una refrendación popular, la cual aún no ha sido pactada en La Habana, además de una serie de instrumentos jurídicos que permitirán la introducción en el ordenamiento jurídico colombiano del acuerdo de paz.

“El acuerdo final, una vez que se firme y entre en vigor, tendrá la categoría de acuerdo especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra. Esto quiere decir que tanto el Gobierno como las Farc comparten una idea crucial: la mejor forma de garantizar la vigencia de los Derechos Humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo”, explicó el jefe negociador. 

El Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo No. 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara: “Una vez aprobado el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se dé la bienvenida al acuerdo final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero,  generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. 

“Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el Gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico, esto es, dándole al acuerdo la relevancia extraordinaria que implica la terminación de la guerra, la apertura de una etapa de consolidación de la paz, y proponiendo formalmente al Congreso, que desde su legitimidad dictamine mediante el Acto Legislativo que se está discutiendo en estos momentos, que se apruebe este acuerdo. Y desde la perspectiva de las Farc, igualmente además de darle la bienvenida a estas ideas, aceptan que a ellas se les dé el trámite dispuesto en el ordenamiento constitucional colombiano”, puntualizó Humberto De la Calle.