Viernes de ethos

Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
21 junio de 2020 - 12:07 AM

Si los gobernantes no toman esas decisiones, la pandemia del coronavirus sería una broma, frente a la del hambre y la anomia que se produciría y que podría llegar a destruir la sociedad misma

Medellín

 

Claudia López dijo que el anterior, fue un viernes de Covid 19, para significar que el gobierno, de manera irresponsable y perversa, estimuló las aglomeraciones para satisfacer a los comerciantes, sin importarle la vida de los bogotanos y malogrando “los esfuerzos que con tanto rigor, con tanto sacrificio; con días de cuarentena, de cuidado, de aislamiento, de zonas de cuidado epidemiológico, de controles en Kennedy, en Corabastos hemos podido hacer en este tiempo” (video colgado por la alcaldesa en Instagram)”.

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Yo pienso, por el contrario, que fue un viernes de ethos, palabra que proviene del griego antiguo ?θος, que significa costumbre y conducta y que da origen a la ética, como conjunto de concepciones sobre las costumbres admisibles para la interacción en una determinada sociedad.

Estos dos enfoques, por supuesto, tienen consecuencias teóricas y prácticas distintas porque una hace énfasis en la (i) responsabilidad del gobernante; mientras que la otra, en la (i)responsabilidad de los gobernados.

Para determinar cuál debería orientar la interacción pública, deberíamos analizar las presunciones y los hechos básicos de la pandemia:

- El coronavirus no tiene vacuna, ni tratamientos establecidos para curarlo. Estará en el mundo hasta que aquella y/o estos se desarrollen en los laboratorios y se produzcan masivamente para miles de millones de seres humanos. A la fecha, ese tiempo oscila, según los expertos, entre seis meses y año y medio.

- En nuestro caso, y dada la competencia a nivel global por conseguir esos medicamentos, es razonable suponer que, en menos de nueve meses, en el escenario más optimista, no los obtendremos.

- La conclusión, desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, la estrategia de los que toman las decisiones al respecto en el país, en primer lugar, el presidente y el ministro de salud, es que hay que tratar de que el contagio no se propague a tal velocidad que el costo en vidas sea inaceptable.

Esto significa que hay que tomar las medidas para que el virus infecte al menor número de personas posible, mientras llegan las vacunas y los medicamentos de cura, pero especialmente, las primeras. Ese es el fundamento científico de la cuarentena,

Pero también hay que tener en cuenta los componentes sociales, económicos, políticos, sicológicos y de interacción social de la pandemia.

- Es un imperativo político de los gobernantes, tomar las medidas para proveer los elementos de detección del covid y de acompañamiento de los enfermos en las casas y hospitales, y en ellos, las UCI, para buscar su recuperación, siempre enfrentados al hecho de que inevitablemente habrá muertos. Además, de educar hasta la saturación, sobre las recomendaciones del manejo del cuerpo para evitar el contagio en espacios públicos y privados, como el lavado de manos el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

- Ahora bien, el carácter de la infección y su prolongación en un tiempo todavía incierto, pero largo, implican que los tomadores de decisiones públicas, según su rango y poder, persistan en disposiciones de confinamiento acompañadas de medidas económicas pertinentes en apoyos, alivios y subsidios a la población, con el objetivo de combinar la protección de la salud de los colombianos con la pervivencia de nuestro estado, nuestra sociedad y nuestra economía.

- Eso cuesta dinero y mucho, y de alguna parte hay que sacarlo. El lugar de origen, las actividades económicas. Dada, insisto, la duración de la pandemia, la economía, simplemente no puede apagarse, como una vez propuso Claudia López, porque los recursos públicos –pero también los privados – no son infinitos.  Por eso, hay que producir, comprar, vender, para que la gente tenga ingresos. Y también hay que considerar los efectos sicológicos, emocionales y sociales que un encierro prolongado producen en la población.  

Si los gobernantes no toman esas decisiones, la pandemia del coronavirus sería una broma, frente a la del hambre y la anomia que se produciría y que podría llegar a destruir la sociedad misma. Esos son los argumentos de la llamada apertura inteligente, que es económica, pero también, y quiero recalcarlo, social.

Y aquí entra en juego el elemento de la (i)responsabilidad de los ciudadanos, que está estrechamente ligada al ethos social, es decir, a las costumbres y el comportamiento en la interacción social de los miembros de la comunidad política que constituye un estado y una nación. Esta no es una sociedad esclavista, ni una autártica de la época feudal, ni una monarquía absolutista de tiempos pasados, pero tampoco, una dictadura fascista de izquierda o de derecha contemporáneas. Es una democracia, a pesar de los golpes que Santos le propinó en sus dos gobiernos, o del gobierno aupado por el narcotráfico de Samper, o la guerra que le han declarado las guerrillas, los paramilitares y los mafiosos, todos ellos narcotraficantes.

Se trata, entonces, de una democracia golpeada. Pero, también es una que está en construcción.

Una democracia se basa en derechos individuales, que engendran obligaciones colaterales: respetar los derechos ajenos teniendo en cuenta los intereses propios, pero también los de los otros, y de ese conjunto de valores vitales para que la sociedad se conserve: el interés general; obedecer la ley, ejercer y practicar la solidaridad, que no es sólo económica sino también social, que ha surgido de un contrato social implícito o explícito. En una democracia el ciudadano no sólo es sujeto pasivo; es también un agente de su construcción, que con su comportamiento social muestra su apoyo a un sistema que el eligió y desea mantener y mejorar para que su modo de vida pueda florecer respetando el de los otros, para que todos quepan en el cuerpo social.

Ese ha sido el modelo propuesto en las constituciones colombianas, hasta llegar a la que nos rige. Ese es el mandato político, que debería ser el ethos social encarnado en una ética pública que debería regir el conjunto de valores y costumbres de nuestra democracia.

Pero la realidad no se acerca todavía al mínimo necesario de interacción ética, social, cultural y política que una democracia avanzada requiere. Existen evidencias que muestran que todavía hay una carencia esencial en la construcción de ciudadanía en nuestra sociedad política. Muchos carecemos de disciplina social, respeto al otro o acatamiento voluntario de la ley, en función de ser parte de una comunidad política. Lo que se observa son manifestaciones de los antivalores que son comunes en este país: yo tengo derecho a todo, especialmente a violar la norma, y, en cambio, no tengo ninguna obligación con nadie.

El Superyó de los psicoanalistas, esa autoconciencia moral que me vigila, diciéndome no sólo lo que es permitido, sino también lo que es prohibido, simplemente no existe para muchos. No han interiorizado los valores de la ética pública, ni el respeto a la ley. Estos individuos piensan que pueden salir cuando quieran a divertirse, a comprar y vender sin autorización, a delinquir, a lo que sea, porque no se sienten ni ética, ni socialmente obligados a nada.

La forma como algunos altos mandatarios han manejado el problema de la ilegalidad ha disparado la indisciplina social y la convicción de que el crimen paga. Pero lo hacen también los políticos de oposición cuando lanzan a sus perros de presa a generar caos y terror, para generar desestabilización y obtener dividendos políticos con la convicción profundamente antiética de que el fin justifica los medios.

La manera tradicional como se ejerce la política en el país, también es fuente de esa anomalía. La corrupción forma parte del ADN de muchos políticos en todos los tiempos –algunos dicen que la mayoría y a todos los niveles-. Pero es un hecho que un buen número de buenos Lázaros está acostumbrado a vivir de las sobras que los Epulones criollos les tiran, a través de la compra de votos, entrega de cemento, ladrillos, planchas deportivas, arreglo de carreteras y vías, con los dineros que, sólo en ocasiones, quedan después del robo de esos políticos. Porque para corromper se necesitan dos, el que ofrece y el que recibe. Y aquí muchos reciben de buena gana las sobras, las toleran, las auspician, las exigen.

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La declaración de López sobre el pasado viernes sin IVA es entendible. Se trata de una medida de la apertura inteligente que generó situaciones que deben corregirse, eso es evidente. Muchas se originan en la falta de responsabilidad de los ciudadanos que no practican el deber del autocuidado.

Pero sus palabras no pueden explicarse por su pretendida preocupación por los bogotanos. Esa es la máscara que oculta sus verdaderas intenciones. Aprovecha, para satisfacer sus ambiciones personales, cualquier situación para oponerse al gobierno, al que culpa de su incapacidad manifiesta para dirigir la capital, pero al que no reconoce ninguna de las contribuciones para que ella haga algo de lo que le corresponde hacer. Basculando entre las manifestaciones constantes de histeria y de oportunismo político, dice lo que sea, al costo que sea, para posicionarse en la carrera a la presidencia del 2020 (o la de su candidato, en caso de que por alguna razón no pueda, como cuando apareció, como quien no quiere la cosa, con una camiseta de Fajardo en una publicitada sesión programada de entrega de mercados. Es una exponente máxima de la política tradicional. Un ejemplo de manual de lo que no debería hacerse en política si se respetara el ethos democrático.

 

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