Resulta inaceptable tener instrumentos de medición insuficientes y mediocres políticas de seguridad alimentaria, como las que mantiene Colombia.
Resulta inaceptable tener instrumentos de medición insuficientes y mediocres políticas de seguridad alimentaria, como las que mantiene Colombia.
A diferencia de lo que ocurre en períodos fríos, en tiempos de escandalera sucede que las agendas mediáticas y políticas se hacen impermeables a las tragedias del hambre y la malnutrición, que afectan particularmente a las poblaciones más vulnerables: infantes, mujeres, campesinos e indígenas. Es así como ha pasado casi desapercibido el cuidadoso informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2019, producido por FAO, OPS, WFP y Unicef. El estudio sistematiza datos actualizados y analiza los avances y retrocesos de los países de América Latina hacia el cumplimiento de las metas 1 y 2 (ver gráfico) del segundo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que los gobiernos del mundo acordaron en 2015 con la meta de cumplirlos en 2030.
Después de que hasta 2015 dio motivos para confiar que en 2030 se alcanzarían las metas de erradicar la desnutrición y la subalimentación, manifestaciones sintomáticas del hambre, América Latina tiene ahora resultados inquietantes en aumento de la desnutrición. A la tragedia continuada de Haití, donde el 49,3% de la población sufre hambre, se suman el desastre de Venezuela, donde entre 2015 y 2018, el registro, insuficiente, de la población desnutrida pasó de 9,5% a 21,2%; así como el lento pero persistente aumento de la desnutrición en la rica Argentina, y en los estables Panamá o Perú.
Colombia no puede sentirse satisfecha con sus resultados en la lucha contra la inseguridad alimentaria, mucho más después de haber incumplido la meta fijada de los Objetivos del Milenio (1990-2015) que se propuso reducir a la mitad la población aquejada por hambre. Aunque el país debió pasar de 24% a 12% de la población con hambre, en 2015 había llegado a 14%, cifra dudosa, dado el subregistro de muertes asociadas a desnutrición. Como si no bastara con fallar en aquella meta, el Gobierno Santos divulgó en marzo de 2018 sus propósitos frente a los ODS; entonces se decidió que, en vez de cumplir la meta global, el país se impondría alcanzar una tasa anual de cinco muertes de menores de 5 años asociadas a desnutrición. Tan mediocre propósito fue fijado aún a sabiendas de las importantes contribuciones del sector privado a la lucha contra la desnutrición, en lo que es ejemplar la Fundación Éxito, así como de programas de las instancias departamental, como Maná en Antioquia, y municipales que contribuyen en forma importante a la meta.
Aunque tienen importantes avances en reducción del impacto de la desnutrición en su población infantil y cuenta con niveles de detalle en el diagnóstico de la situación nutricional de la población, gracias a que en el año 2001 el gobernador Guillermo Gaviria Correa dio vida y forma a la gerencia para el Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia -Maná-, el departamento, y ello incluye a Medellín, tiene tareas muy importantes por cumplir a fin de prevenir el riesgo de desnutrición por falta de acceso a micronutrientes que afecta al 33,9% de la población departamental y para atender las necesidades de hierro de niños menores de 5 años, madres gestantes y adultos mayores.
A la inseguridad alimentaria por desnutrición la acompaña la malnutrición, que es la obesidad o el sobrepeso por consumo excesivo de azúcares, sodio o alimentos ultra procesados, altos en grasas. Esta forma de malnutrición, producto de la falta de educación nutricional, de dificultades en acceso a los alimentos saludables y de los impactos de la publicidad no controlada, está afectando de manera severa a la población de América Latina y el Caribe, donde casi la cuarta parte de la población ya sufre de sobrepeso u obesidad, lo que significa que el continente se distancia de la meta de erradicación de la malnutrición, un propósito que demanda tener una política de seguridad alimentaria con sustento en información, educación y acceso a los alimentos nutritivos. Aunque se conocen las acciones necesarias para combatir la malnutrición y existen organizaciones que lideran campañas importantes de concienciación en esta materia, apenas ocho países latinoamericanos tienen políticas sobre etiquetado de alimentos y restricción a la publicidad de aquellos nocivos para la salud.
Las políticas de seguridad alimentaria y nutricional son ejecutables, como lo demuestra el que las naciones las hayan priorizado entre los ODS; son viables, como lo demuestran los logros de países políticamente tan disímiles como son Cuba y Chile, y son rentables, pues se ejecutan con recursos razonables que tienen altos impactos si son bien administrados, y ofrecen la mayor de las rentabilidades posibles para una política pública: cuidar la vida y la salud de los habitantes más vulnerables. Por tales razones, resulta inaceptable tener instrumentos de medición insuficientes y mediocres políticas de seguridad alimentaria, como las que mantiene Colombia.
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