La organización Amnistía Internacional (AI) calificó el pasado lunes hoy de un “avance importante” en la lucha contra la impunidad la denegación del derecho de gracia al expresidente peruano Alberto Fujimori por los crímenes en el caso Pativilca.

Un tribunal peruano a cargo del proceso de Pativilca (1992), en la que seis campesinos murieron tras ser torturados, denegó a Fujimori el derecho de gracia que le fue concedido la pasada Nochebuena por el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

La decisión reafirma la obligación del Estado peruano “de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, expresó AI en un comunicado divulgado en su sede para las Américas situada en México.

“Hoy las familias de las víctimas y la sociedad peruana han logrado un paso importante contra la impunidad y el olvido”, declaró su directora regional, Erika Guevara Rosas.

La directora dijo que la organización continuará acompañando los reclamos de justicia hasta que se esclarezca la verdad de los crímenes de Pativilca “y se garanticen los derechos de las víctimas y sus familias”.

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En 2009, Fujimori fue declarado culpable de asesinato, secuestro y lesiones graves perpetrados por sus subordinados contra decenas de personas cuando era jefe del Estado, por lo que fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

La Corte Suprema de Chile concedió el 5 de junio de 2017 la extradición de Fujimori “por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, afirmando su carácter de crímenes de lesa humanidad”, apuntó la organización defensora de los derechos humanos.

El caso Pativilca fue incluido en 2015 dentro de la extradición que la Justicia chilena aprobó en 2007 después de que Fujimori fuera detenido en Chile.

Al momento en que el presidente Kuczynski le otorgó el derecho de gracia a Fujimori, el 24 de diciembre de 2017, el juicio en su contra por el caso Pativilca se encontraba en la etapa de control de acusación, señaló la organización.