Le asiste toda la razón al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al igual que a muchos alcaldes y gobernadores del país, cuando reclama mayor sintonía del Gobierno Nacional con las regiones y municipios en lo atinente a la implementación de los acuerdos de paz. Reedición de situaciones vividas al inicio de la concentración y desmovilización de los paramilitares. El alcalde del momento, Sergio Fajardo, y el gobernador Aníbal Gaviria, reprocharon al alto comisionado de paz su incomunicación con las regiones sobre las que recayó todo el proceso, después de las desmovilizaciones respectivas.

Se repite la historia: la información no fluye adecuadamente, la implementación de los acuerdos se conoce vía medios de comunicación, ausentes las voces oficiales; lo que es peor, los entes territoriales no tienen claro su papel en el proceso.

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Muchos hemos entendido el posacuerdo o posconflicto como una inmensa oportunidad para que los centros urbanos y las áreas metropolitanas transformen adecuadamente sus territorios y resuelvan problemas de seguridad y convivencia vigentes durante varias décadas. Pero el Gobierno Nacional no escucha y no genera los instrumentos y medios para que dichos territorios perciban los beneficios del proceso de paz en momentos que arrecia con ferocidad la oposición a los acuerdos.

Conviene advertir que no se trata solamente de ventilar el número de desmovilizados que llegará a Medellín y al área metropolitana: la clave radica en cómo va a participar la región y su capital en los desarrollos de la agenda acordada con las Farc, la implementación de los acuerdos, la financiación de los proyectos y programas y la utilización de los escenarios y procesos con que cuentan la ciudad y el Área Metropolitana para no partir de cero y capitalizarlos.

Medellín atiende a más de 5.000 desmovilizados de todos los grupos ilegales del país, con el programa “Paz y Reconciliación”, que cuenta con la participación de la Alcaldía de Medellín y del propio Gobierno Nacional, y que serviría de base para consolidar un gran programa para desmovilizados de las Farc, extensivo a los distintos proyectos de reincorporación derivados de los acuerdos de La Habana.

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El Valle de Aburrá y sus diez municipios cuenta con más del 20% de las víctimas del conflicto armado, y resulta significativo el número de iniciativas que desarrollan todas las alcaldías y entes creados con ese objetivo. Procesos y experiencias aprovechables para evidenciar el espectro de acciones que esperan las víctimas, al igual que la aplicación de la JEP. Además, en dicho territorio avanza un estudio académico en relación con su rol en el lavado de activos y con las enormes rentas ilegales derivadas del accionar criminal. Así que el posconflicto es una gran oportunidad para que este tema sea tratado en los niveles que corresponda, y lleve a desmantelar las organizaciones al servicio del narcotráfico.

Tanto los ministerios del Interior y del Posconflicto, como la Alta Consejería del ramo, deberían desplazar a Antioquia una avanzada de funcionarios que coordine todas las acciones de implementación con los alcaldes y el gobernador. No conviene seguir actuando a espaldas de ellos, o entregarles información sobre hechos ya evidentes. Que el potencial de la región sea tenido en cuenta para la financiación de proyectos, con el apoyo de los recursos internacionales que se tramitan.

Por ahora llamamos a los entes territoriales regionales, al Área Metropolitana y al propio alcalde de Medellín para que nos sostengamos en la cantinela de persistir, insistir y no desistir, en el propósito de conquistar para este territorio el mejor ambiente de paz, concordia y convivencia, posibilidad que nos ofrece, ahora más que nunca, el inédito período de posacuerdo que vivimos como país.

NOTA: al momento de salir a la opinión pública la presente columna, conocimos el proyecto de acuerdo 084 de 2017 de la Alcaldía de Medellín que modifica el Consejo Municipal de Paz “Compaz”. Excelente iniciativa que debe servir para afianzar la articulación de esfuerzos a nivel territorial.