Ante la evidente necesidad de garantizar el acceso universal a algunos bienes y facilidades asociadas a la atención de derechos esenciales para las personas y para el desarrollo económico de la sociedad, ha surgido en nuestro ordenamiento jurídico  el concepto de “servicio público”, con el que se califican actividades  que se asocian a la finalidad social del Estado, y que de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución, el propio Estado tiene el deber de garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio.

Reducir los servicios públicos a bienes que libremente circulan en el mercado y a los que solo deben tener acceso las personas con capacidad de pago, no sólo es un error, sino que conduce a una notoria inequidad y hace innecesaria la existencia de la expresión “servicio público”, pues todos los bienes y facilidades esenciales para la vida humana estarían cobijadas bajo la calidad de simples mercancías, lo que deshumaniza el derecho y le hace perder su sentido social.

Cuando se acude a la utilización de la expresión “servicio público”, como categoría jurídica es porque se reconoce la existencia de un conjunto de actividades de un notorio impacto social, que justifican unas instituciones especiales, que son diferentes a las propias de las funciones públicas estatales y a las que rigen la producción y circulación de mercancías.

El concepto “servicio público” nace en el derecho y la cultura, por oposición al libre desarrollo de la economía y la necesidad de la intervención del Estado, con el fin de garantizar que la totalidad de la persona puedan acceder a algunos bienes o facilidades, que por su naturaleza son esenciales para la calidad de vida individual y para el desarrollo económico y ante todo el social.

A diferencia del acceso a las mercancías, que debe dejarse a la suerte que les depare el mercado, de tal manera que sean producidas por el interés que les genera a los empresarios que sus clientes estén dispuestos a pagar por ellas, en el caso de los servicios públicos, dado que se trata de bienes meritorios, es imperativo que el Estado intervenga en su producción y distribución con el fin de garantizar que todas las personas puedan acceder a ellos.

Instituciones como (i) el sistema de contribuciones y subsidios; (ii) el establecimiento de un régimen tarifario solidario y redistributivo, (iii) la adopción de medidas regulatorias que garanticen el incremento de coberturas y la calidad de los servicios y (iv) la consagración del mínimo vital, van en la vía de consolidar la vigencia de la teoría del servicio público y de dignificar la labor del Estado, cuya existencia y finalidad no debe ser para garantizar, proteger y justificar las diferencias sociales, sino por el contrario, para  eliminarlas y poder lograr una sociedad más justa.

Lo que justifica que los servicios públicos y las entidades que los prestan se sometan a un régimen jurídico especial no es su vinculación con el Estado, ni el otorgamiento de privilegios a los empresarios que tienen la fortuna de dedicarse a actividades económicas de las que dependemos todos, por el contrario, el régimen jurídico especial, se origina en; (i) la necesidad de garantizar los derecho de todas las personas a acceder en condiciones de equidad a esas  facilidades, (ii) la protección de los usuarios de los abusos en que pueden incurrir los proveedores y (iii) la necesidad de adoptar medidas a través de las cuales se promueva el acceso universal a ellos.

Utilizar el régimen especial de los servicios públicos, solo como un instrumento para el crecimiento económico y la concentración de riqueza en unas pocas manos es sin duda una traición a los motivos y fundamentos de la existencia de una categoría jurídica, que como la de “servicios públicos”, justifica su existencia en la intervención del Estado en la economía, para garantizar el bienestar de todos y la construcción de una sociedad más digna y solidaria.

*Docente y asesor