El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció esta semana, durante un Consejo de Seguridad en Bello, un acto atroz que revela la degradación del conflicto armado en el Valle de Aburrá. En medio de la disputa de organizaciones criminales en este municipio, que se ha recrudecido desde el primer trimestre de este año y que ya deja más de 90 homicidios en lo que va corrido de 2019, ahora se denuncian desapariciones forzadas mediante crueles mecanismos como la desmembración de cuerpos y la alimentación de cerdos con estos restos humanos.

“A uno le da hasta pena decir esto en público. Yo lo estoy diciendo para que nos ayuden, a que la gente participe más y que esto no vuelva a ocurrir. No vamos a descubrir que han metido veinte o treinta a una marranera. Ojalá esto no haya ocurrido y que si ocurrió no sea un número significativo. (…) Le pedí a las autoridades que empiecen a hablar más con el testigo y que nos indiquen qué hacer en este tema y si alguna gente conoce de esta situación tan atroz, que nos dé información. Por eso lo estoy diciendo, para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó el Gobernador de Antioquia.

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La denuncia, que fue conocida por medio del testimonio de un sobreviviente que está siendo protegido por las autoridades, es especialmente grave en tanto se da a conocer por la primera autoridad del departamento y refleja la degradación de un conflicto, que ha llegado a niveles inimaginables. Una degradación que no es nueva, de acuerdo con el testimonio de expertos en el conflicto en el Valle de Aburrá, como Luis Fernando Quijano, Presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

“No nos extraña porque es una práctica que muchas de las organizaciones del crimen urbano y rural lo hacen, incluso ahora que está metido el crimen internacional. Se trata de un instrumento de guerra que viene de tiempo atrás. En las épocas de confrontación, cuando hay reducción de homicidios suelen subir o se presentan desapariciones forzadas. Casos como los de La Escombrera y La Balastrera demuestran que las casas de tortura y pique son una realidad en Medellín, en Bello, en el Valle de Aburrá e incluso, en otras regiones del país”, denuncia Quijano.

La práctica de la desaparición forzada es utilizada por estos grupos, de acuerdo con las investigaciones de Corpades, para eliminar el rastro, para no “calentar las zonas”, y evitar así la confrontación con autoridades, y para que sea más difícil probar el delito, en tanto la desaparición forzada dificulta las labores de investigación de las autoridades.

Ante una denuncia de esta gravedad, vale la pena preguntarse y profundizar en la salud mental de nuestra sociedad y la inhumanidad de los individuos que realizan este tipo de prácticas. Carlos Alberto Palacio, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y quien además es especialista en psiquiatría, explica que “asistimos a un proceso masivo de insensibilización. Alrededor de estas situaciones de violencia no se reflexiona como sociedad. Se considera intrínseco a la cultura nuestra. Se ha vuelto paisaje y se ve, incluso, con algo de morbo. Desde el contexto individual es muy preocupante porque son personas, principalmente jóvenes, que ya tienen una cantidad de conductas disociales que rayan con el trastorno de personalidad sociopática y la psicopatía. Son personas que no tienen ninguna manifestación de angustia o culpa frente a actos que se salen de los límites de la racionalidad y de la lógica”.

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Luis Fernando Quijano, quien conoce a profundidad las dinámicas de los integrantes de estos grupos ilegales, es pesimista y afirma que “los descuartizadores, los que ya han sido entrenados para torturar, deben estar en lugares muy aislados, en tratamientos psiquiátricos y, francamente, no creo en la recuperación de una persona que haya hecho esto”. Carlos Palacio comparte que estas personas necesitan un tratamiento muy especial que no tiene nada que ver con las penas carcelarias convencionales, que deben estar completamente aislados al representar un peligro para la sociedad y que estos procesos de rehabilitación son francamente difíciles.

Casos como el denunciado recientemente por el Gobernador de Antioquia, recuerdan otras prácticas crueles ocurridas en medio del conflicto colombiano como el uso de jaguares por parte de los grupos paramilitares para asesinar, la utilización de los ríos para desaparecer o los hallazgos de cuerpos desmembrados en bolsas.

Tal nivel de degradación solo puede motivar un rechazo absoluto de la ciudadanía a la violencia, una respuesta efectiva de las autoridades en la investigación y desmantelamiento de estas estructuras criminales y estos centros clandestinos de tortura, la captura y aislamiento total de la sociedad de estos sociópatas y el trabajo articulado de la institucionalidad para evitar que más jóvenes se involucren en este conflicto. Estos hechos deben invitarnos a la reflexión sobre los niveles de violencia que, como sociedad, hemos tolerado. ¡Basta ya!