Esta semana se realizó en la ciudad de Pereira, el Congreso nacional de contralores territoriales en el que se ha examinado como uno de los temas centrales la crisis del sistema de controles administrativos que se aplica en el país y la necesidad de hacerse participe en la iniciativa nacional, de colocar el tema de la corrupción administrativa, como uno de los principales en la agenda política actual.

Aunque desde hace varios años se ha planteado la necesidad de modificar sustancialmente el funcionamiento de las Contralorías, las iniciativas que se han presentado hasta ahora plantean un panorama incierto, pues esas iniciativas se centran en puntos de mecánica en el funcionamiento de las contralorías y no aspectos esenciales en relación con la naturaleza, el alcance y los efectos de esta modalidad de control.

Iniciativas como (i) suprimir las contralorías territoriales; (ii) transformar el control unipersonal por modalidades de control colegiado, (iii) judicializar la vigilancia de la gestión administrativa y (iv) sustituir en forma mecánica las contralorías por corte o tribunales de cuentas, no son iniciativas que realmente constituyan trasformaciones relevantes en el actual esquema.

No debería tenerse como lema u objetivo el de “transformar por transformar las instituciones”, en el caso del control fiscal el deber de todos los que tenemos una u otra relación con el ejercicio de este tipo de control, es no ocultar sus fallas, y en lugar de proponer modificaciones adjetivas, mecánicas o procedimentales, debemos proponer cambios sustanciales que en verdad transformen este tipo de control y lo pongan al servicio de los ciudadanos.

No se ve claro como cuando las fallas del estado se asocian a ineficiencia en la gestión de los recursos públicos, pero además los escándalos de corrupción vinculan no sólo a autoridades estatales territoriales, sino que además involucran a autoridades nacionales y aún a particulares, pueda entenderse, que, en lugar de fortalecer el control, la solución es limitarlo, judicializarlo, distanciarlo de los ciudadanos o suprimirlo.

En realidad, las bases de una transformación del control, tienen que ver con decisiones que afectan su naturaleza, la forma como se ejercer y los efectos del mismo; pues la transformación debe tener como punto de partida abandonar como núcleo el examen formal de la cuenta, para coger uno nuevo, en el que la evaluación de la gestión y el resultado, sean su eje central.

Aunque sin duda la crisis se origina en fallas éticas estructurales en nuestra sociedad, que deben ser objeto de las transformaciones de nuestro sistema educativo, es necesario que se adopten varias medidas institucionales orientadas a (i) fortalecer los mecanismos de control con instrumentos propios de la democracia de participación; (ii)  la utilización de los medios que nos proporcionan las tecnología de la información y  las comunicaciones; (iii) la aplicación de normas que hacen imperativa la transparencia o publicidad de la información no solo en la gestión de recursos públicos, sino además de las funciones administrativa y de la prestación de servicios públicos.

En Concreto, en el Congreso de Pereira se ha propuesto:

1. Reorientar el control fiscal, para que se concentre en la vigilancia de la gestión, y asignar la competencia para deducir la responsabilidad definitiva originada en el daño a organismos judiciales; la solución en este caso es que la segunda instancia en el proceso de responsabilidad fiscal la deduzcan los jueces.
2. Se les entreguen a los contralores competencias expresas para sancionar por gestión ineficiente, tanto los funcionarios públicos, como los particulares que administren recursos del Estado.
3. Se garantice una clara vinculación entre el control fiscal y los ciudadanos, permitiendo a las veedurías ciudadanas el acceso pleno a la información sobre la gestión de los asuntos estatales y dotándola de mecanismos que armonicen con las funciones que ejercen las contralorías.

Ojalá estos temas y otros sustanciales se incluyan en las transformaciones que se hagan al control fiscal, y no se imponga la tesis de suprimir las contralorías territoriales, alejando de los ciudadanos el ejercicio del control sobre la administración y los particulares que administran recursos del Estado.

Docente y asesor