La Universidad de Antioquia vuelve a concitar el interés de la opinión pública por hechos asociados a criminalidad o violencia. Ha ocurrido tras la incautación de casi una tonelada de pasta de coca en un predio de su propiedad, al parecer alquilado a un tercero. Este hecho indeseable impone solidarizarse con la comunidad académica, como lo hicieron voceros de otras universidades, a quienes nos sumamos. También exige decisión de las autoridades universitarias, gubernamentales y judiciales, para cumplir la promesa hecha en abril de 2016, cuando anunciaron un fuerte combate a las redes criminales que atentan contra la Alma Mater de Antioquia.

El uso de predios universitarios para almacenar un alijo que tiene propietarios y destino desconocidos, pues lo enunciado hasta ahora son meras hipótesis de investigación, es uno de los más graves hechos del abusivo uso de la tradición que terminó concediendo extra-territorialidad a los predios universitarios como una de las formas de garantizar respeto por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, dos de los valores más caros para los académicos. El amparo a las comunidades académicas acabó por extenderse a grupos extremistas armados, todavía actuantes dentro de las instituciones, y a otros grupos criminales que se han aprovechado de la impotencia de muchos, el temor de otros tantos y la tolerancia de algunos, para convertir los campus en guaridas, centros de distribución de objetos ilegales o caletas.

Los capítulos de justicia transicional y desmovilización, que comprometen a guerrilleros y milicianos en el posconflicto, deberían ser de inmensa utilidad para la universidad pública, en su conjunto, en tanto ella ha sido una de las instituciones más profundamente vulneradas en su libertad y seguridad en el conflicto armado, que ahora se pretende desactivar. Aunque es reclamo que respetados académicos han hecho público, no existe claridad sobre el alcance del compromiso de las Farc con decir la verdad sobre lo hecho y cesar sus presiones a la actividad universitaria. Mientras tanto, perviven, aunque con sordina, temores a que esos procesos se cumplan con indefiniciones semejantes a las del cese de hostilidades, que el doctor Sergio Jaramillo sigue mostrando como productivo, aunque el Gobierno y los habitantes de zonas afectadas reconocen que este se ha desarrollado en medio del crecimiento de los cultivos ilícitos, así como el auge del narcotráfico, las extorsiones y las amenazas a quienes difieren de la organización guerrillera y sus exigencias. La desmovilización integral de las milicias, sus apoyos y negocios, es imperativa para recuperar la universidad para la vida académica, el debate intelectual y la crítica libre.

El descubrimiento del alijo de drogas que voceros del Ejército anunciaron que pertenecería a la bacrim del Golfo y que parecía empacada para exportación, deja el sinsabor de no haber producido capturas que pudiesen brindar más luces sobre los responsables. Aunque debiera ser norma para todos los casos, la Fiscalía y los órganos de control tienen el inmenso reto de evitar que este hecho tan grave quede oculto, sea olvidado o se le minimice como otra victoria de las autoridades contra el narcotráfico, pues lo que está en juego no son sólo los kilos de droga que se incautan sino para el abuso por criminales de predios universitarios.

El hallazgo también fue recibido con declaraciones sucesivas de la Rectoría de la Universidad. En la primera, entregada en comunicado público emitido al finalizar la mañana del viernes, el doctor Alviar anunció investigaciones administrativas y colaboración con las correspondientes que hicieran las autoridades responsables de llegar al fondo en materia penal y disciplinaria. En una intervención posterior, a algunos medios de comunicación, el rector tendió a minimizar la gravísima situación destacando que el predio habría sido entregado en alquiler en una operación decidida en 2002, o sea 15 años atrás. Por doloroso, este debiera ser un hecho provocador de transformaciones en la abusiva concepción que terminó dándole a las universidades una especie de soberanía territorial ajena a su vocación y, en consecuencia, sometiendo a las autoridades académicas al yugo de infames delincuentes y criminales.