Uno, como ciudadano, debería tener derecho a disfrutar de lo público con un derecho efectivo, que nos permita un real acceso a lo que es de todos, garantizándonos el uso y disfrute de lo que, perteneciendo al Estado, nos pertenece a todos. A lo primero que tendríamos que aspirar es a que se cumpla ese articulo segundo constitucional que imperceptiblemente se ha ido convirtiendo en letra muerta, que nadie respeta y nadie, incluidos los del poder judicial, hace cumplir. El aparato no nos cuida y hasta quienes con sus opiniones deberían estar del lado de la verdad y la justicia social, a veces son esbirros del mal.

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Minorías que se sienten poderosas, por el dinero, la fuerza o su situación política o de clase, han ido estirando sus manos en pos de lo que no es de ellos, privando al ciudadano de sus derechos. Algunos medios y autores se han apoderado de la verdad, aseverando cosas inciertas, permitiendo la mentira, sin contrarrestar los fenómenos mediáticos de las redes sociales, como es su deber. Y así, sin la verdad, es más fácil el reino del despojo, del latrocinio y la corrupción. Vivimos un momento de confusión en el que la prensa seria tendría que estar jugando el papel de validadora de la veracidad de los hechos.

EPM se apodera de uno de los ríos más importantes de América, en un momento en que el mundo entero se preocupa por la sostenibilidad del planeta. Algunos echan mano del pasado glorioso de la institución para defenderla. Otros presumen las causas de los daños y los daños mismos. Ellos se lavan las manos con argumentos peregrinos y rogativas. Lo cierto es que ya hay dilapidación de los recursos de los colombianos, perjuicio a las comunidades aledañas al proyecto y una terrible amenaza a gran parte del territorio. Ojalá no haya tragedias como la de Armero, que bien se pudo minimizar.

Y en la ciudad, ¡más despojo! En el centro y otros sectores, con el argumento de embellecer el entorno, están levantados calles y andenes: se están reduciendo las vías y ampliando las aceras, aparentemente para que la gente los pueda disfrutar. Pero ¿cómo van a decir que están beneficiando a la ciudadanía, si no bien se termina un tramo de la obra, cuando ya está lleno de venteros? Los ciudadanos que vivimos en Medellín hemos perdido el derecho a transitar libre y seguramente porque, venteros, carretillas y la desidia de la administración municipal impiden el goce de obras que, necesarias o no, se hicieron con nuestros impuestos.

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Otra forma de despojo es el desplazamiento. En todo el territorio colombiano los grupos alzados en drogas, antiguos guerrilleros, paramilitares, carteles y combos, disponen de la vida, integridad y bienes de la gente. Las autoridades en todos los casos generan ayudas a las victimas constituyendo fondos inimaginables que no siempre van a la satisfacción de los perjuicios. Pero no hay acciones oficiales para combatir la raíz del problema. Pero como cada malo tiene un santo que lo cuida, se nos apareció la crisis de Venezuela. Mientras los hermanos patriotas solucionan sus problemas, los nuestros que esperen.