Lenin, ante un momento de incertidumbre escribió su libro ¿Qué hacer?, a finales de 1901 y comienzos de 1902, en el que planteaba el programa y las tareas de los bolcheviques para tomarse el poder, siendo un partido absolutamente minoritario, aun en la izquierda rusa. 
En contraste, la oposición civil colombiana, que combate a los herederos de Vladimir Ilich -quienes sí saben qué hacer- parece no tener todavía un norte claro y común, y está condenada a repetir la historia venezolana. Hay que trabajar, entonces, en ese sentido. Lo que aquí presento, es apenas una de las posibilidades de fundamentación y acción.
Uso la idea rawlsiana del consenso traslapado, un experimento mental que sirve para mostrar cómo debe ser una sociedad liberal ideal, y, en consecuencia, permite saber qué tanto es una real, en la medida que se acerque al modelo.
La teoría rawlsiana habla de individuos representativos de grupos sociales que quieren construir una sociedad justa, pero aquí ampliaré la metáfora para hablar de los individuos y grupos sociales colombianos que quieren defender su democracia, que consiste en ese grupo de principios e instituciones que permiten a sus miembros disfrutar de sus particulares nociones de vida buena. 
El consenso traslapado es un pacto político sobre la estructura institucional entre personas que tienen distintas concepciones de bien -morales, religiosas, ideológicas- etc., pero no fuerzan a otros a aceptar esas doctrinas, que son, precisamente aquellas que le dicen al individuo cómo debe vivir si quiere salvar su alma o moldear la sociedad para alcanzar el paraíso socialista, y lo obligan a actuar de determinada manera. El consenso traslapado se basa en la primacía de la libertad individual, sin que deje de lado la igualdad y la solidaridad. Las sociedades liberales son, entonces, pluralistas, cabe todo mundo y cualquier concepción, con la única limitante de que no imponga sus ideas a los demás y les respete sus derechos.
Pues bien, el problema central en Colombia es que el Estado democrático se está perdiendo en razón del golpe de estado en desarrollo plasmado en el acuerdo Santos – Farc y su materialización en nuestras instituciones democráticas y nuestra economía, pues desconoce el resultado del plebiscito que negó el acuerdo, y, al contrario, da vía libre a criminales de guerra y lesa humanidad,  revictimiza a nuestras víctimas, desmonta la capacidad operativa y la doctrina de nuestras fuerzas armadas, permite que los criminales sigan manejando el narcotráfico y les entrega la tierra para que la manejen a su antojo; crea un sistema de justicia que liberará a esos criminales y encarcelará la oposición a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dice que la “Justicia especial para la paz” Jep, está por fuera de nuestra Constitución y no es provisional sino definitiva. Igualmente, el acuerdo modificará las normas electorales para facilitarle a las Farc la llegada al poder y obstaculizar y perseguir a la oposición.
Por otro lado, la corrupción campea y la economía decrece, salvo la del narcotráfico y la minería ilegal, que anegan al país: la pobreza aumenta, el sistema de salud se desploma, mientras el gobierno impone una reforma tributaria que termina de esquilmar a los pobres de Colombia.
Así las cosas, se requiere una alianza nacional de todas las personas, partidos, organizaciones sociales y civiles, de izquierda, centro y derecha, con la explícita exclusión de elementos u organizaciones armadas, que:
1. Impulse las modificaciones necesarias al pacto Santos - Farc para que (a) haya sanción efectiva a los criminales de guerra y de lesa humanidad, así como al narcotráfico y la minería ilegal; (b ) recupere el papel de las Fuerzas y se dé una salida digna a los que en ellas estén procesados en razón del conflicto; (c)  elimine los privilegios irrazonables a los desmovilizados; (d) modifique la Jep, incorporándola a nuestro sistema de justicia, o, la elimine  para todo el sistema de investigación y sanción funcione dentro de nuestras cortes, juzgados y fiscalía; (e) quite funciones de manejo político a la “Comisión de verificación”. Además, el Estado debe (f) tener una estrategia de erradicación efectiva y perentoria de los narcocultivos y minería ilegal; (g) manejar exclusivamente la cuestión agraria, dándole salida a los campesinos sin tierra o tierra insuficiente, pero también impulsando la industria agrícola y (h) impida o denuncie cualquier reforma electoral que tienda a facilitar de manera tramposa el acceso de la coalición Santos – Farc al poder.
2. La lucha contra la corrupción debe ser frontal y sin contemplaciones. Servirá para hacer transparente la política del país y desmontar la mafia que está al mando. Nadie más corrupto que los santistas y los guerrilleros que han desangrado al país cobrando coimas por cualquier contrato.
3. Impulse una reforma tributaria estructural que eche para atrás la actual reforme tributaria y facilite la producción y la generación de empleo.
4. Vuelva a la confianza inversionista y mejore el sistema se salud.
El objetivo de la alianza es llegar al poder en 2018 y/o resistir civilmente cualquier intentona de aplazar las elecciones. Quien se identifique con estos o similares propósitos debe caber en esa alianza que algunos llamamos Frente republicano, pero que puede tomar el nombre que se estime conveniente. Debe diseñarse un mecanismo democrático para escoger los distintos candidatos.