El terrible destape que se ha conocido de algunos funcionarios o exfuncionarios de la rama judicial tienen realmente conmocionado al País y a muchos sectores de la opinión pública y al Gobierno, lanzando propuestas para impedir que lo denunciado, siga sucediendo.

Sinceramente creo que el Gobierno en las postrimerías de su mandato (le quedan escasos diez meses), con muy poca credibilidad en la opinión pública, así algunos la consideremos injusta, no tiene la polenta suficiente para acometer las profundas transformaciones que la Justicia requiere. Ese debe ser un tema del próximo Gobierno y además debe ser uno de los centros del debate electoral que ya se inició. Los candidatos nos deben dejar consignados en sus programas de gobierno cuáles son las reformas que se comprometen a liderar y cuáles, los mecanismos para llevarlas a la práctica. Debemos ser pues, todos los colombianos, los encargados de señalar en las urnas el camino correcto que debemos seguir como nación.

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Pero fuera del anterior planteamiento general, la sociedad, la clase dirigente y especialmente la academia tienen que debatir, en estos diez meses, muchos temas que están planteados y otros que deben surgir para remediar los males de nuestra maltrecha justicia.

¿Cómo enfrentar con éxito la creciente impunidad? ¿Cómo poner en prácticas serias y confiables políticas criminales que no obedezcan al escándalo de turno? Este es un tema serio y complejo. Hoy el delincuente tiene, según algunos estudiosos serios, el 92% de posibilidades de que el delito cometido no sea investigado y menos sancionado. Según otros las posibilidades son del 70%. En cualquiera de los casos ese nivel de impunidad es exagerado y atenta contra la existencia de la nación. Aumentar penas, sin extirpar el mal de la impunidad, no es la solución. Ese es el fácil camino que estamos recorriendo en Colombia. A cada escándalo viene un incremento de penas, pero éstas no atemorizan al delincuente porque el delito no es perseguido ni sancionado. Este es otro tema de estudio y las propuestas deben surgir.

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¿Deben continuar las altas cortes cumpliendo funciones electorales? Esta competencia otorgada con creces por el constituyente de 1991, en el sentir de muchos colombianos, es la que tiene a la Justicia en el grado de postración que hoy observamos. Las cortes deben dedicarse a producir fallos, a sentar jurisprudencia, a dignificar la justicia con sus providencias. Este regalo envenenado que les dieron a los miembros de las cortes los han convertido en clientelistas y politiqueros. Obvio que no son todos y no se puede generalizar, pero el sistema hace imprescindible que estos pecados cada día sean más invasivos en esos altos tribunales.

¿Puede seguir siendo el Congreso el investigador de los magistrados de nuestros altos tribunales? No creo. El Congreso no está establecido para cumplir la función judicial, puede ser que se le deje exclusivamente esa función, pero frente al presidente de la República, lo demás es un canto a la bandera. El Tribunal de Aforados que tanto criticó la rama judicial es imperativo.

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Este es un pequeño listado de lo que se requiere. La brevedad de la columna no permite estudiar temas como el de la estructura misma de la justicia, un cambio cultural a todas luces imprescindible, la forma de acceder a la rama judicial, la formación de abogados, la preparación y requisitos para ser magistrados, los procedimientos judiciales y muchos tantos temas de los que se debe ocupar el país de hoy en adelante si no queremos sucumbir como nación civilizada.