Establecer en la Constitución la posibilidad de que nuestros parlamentarios puedan ser ungidos, durante su período, como ministros, es una discusión harto larga y candente. Desde que los constituyentes de 1991 estudiaron el actual texto constitucional el debate ha estado presente. Para esa fecha la decisión fue, en mi sentir, saludable y acorde con nuestro sistema de gobierno presidencialista que existe desde la fundación de nuestra nación. En el año de 1996, con la aceptación del entonces presidente de los colombianos, doctor Ernesto Samper Pizano, un grupo de congresistas encabezados por Luis Guillermo Vélez Trujillo, Martha Catalina Daniels y Jesús Ignacio García, que yo recuerde, presentaron un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y permitir que los congresistas, durante su período, pudieran ser ministros, sin perder su investidura y su derecho a regresar al legislativo.

En el séptimo debate, apremiados por el tiempo pues finalizaban las sesiones ordinarias, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes negó el proyecto. Recuerdo que me correspondió liderar la posición de quienes queríamos preservar la prohibición establecida por el constituyente del 91 e impedir que nuestros parlamentarios pasaran del legislativo al ejecutivo y de este pudieran regresar al legislativo. Indudablemente que al parlamentario se le elige para legislar y no para gobernar.

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Mucho se afirmó por la época que en Inglaterra, Italia, Israel, Japón, Alemania y muchos otros Estados, era posible hacer el tránsito del legislativo al ejecutivo, es más, que en algunos de ellos era necesario que se fuera parlamentario para poder ser ministro. Es obvio que así sea, los países citados tienen un sistema de gobierno parlamentario y el ejecutivo se origina en el legislativo que, como ya lo dijimos, es muy distinto a nuestro sistema presidencialista.

También se afirmó por esas calendas que antes de la Constitución de 1991, la norma superior permitía tales designaciones, lo que es cierto, pero evidentemente que estábamos confundiendo figuras de sistemas distintos y el error anterior no convalida volver al mismo.

No es pues saludable, ni lógico, que rescatemos una figura exótica al sistema presidencialista para satisfacer la vanidad y el querer de los ministeriables que se hicieron elegir para el Congreso, como lo están hoy pretendiendo nuestros padres de la patria en la reforma política que tramitan en Senado y Cámara. Como lo consideré antaño, creo que eso es malsano para la democracia.

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Notícula. En años anteriores el Atlético Nacional y otros equipos de fútbol profesional jamás lograron que la Dimayor les aplazara partidos o les acomodara calendarios para facilitarles su tranquila participación simultánea en eventos internacionales y nacionales. Siempre se hizo respetar la programación acordada. Hoy el Atlético Junior logra la hazaña. Es obvio: Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol y Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, son cercanos y muy cercanos a Fuad Ricardo Char Abdala, dueño de Junior de Barranquilla. Con este preludio, rogamos nadie intente meterle la mano al partido Independiente Medellín contra Junior de Barranquilla, para bien del fútbol profesional colombiano.