En materia de electricidad, Colombia ocupa una posición privilegiada en el concierto de naciones de América Latina, su desarrollo es muy satisfactorio y tiene un alto potencial para expandirse al mercado internacional.

La capacidad hidroeléctrica colombiana se estima en 93 millones de kilovatios, que para los 17 países de América Latina constituye la segunda más alta en términos absolutos y la cuarta mayor en proporción al área. Nuestra demanda doméstica de electricidad, presente y futura, está adecuadamente cubierta, a pesar de que el país aprovecha solamente el 13% de su potencial hidroeléctrico.

En Colombia la apertura del sector eléctrico a la participación del capital privado ha operado bien. En la actualidad, de las 25 mayores empresas generadoras solamente dos son totalmente públicas.

Todo ello es bueno, pero hay algo que requiere atención. La planeación y desarrollo de nuevos proyectos de generación adolecen de falta de coordinación. Se necesita una mayor intervención armonizada de las autoridades, a saber, las corporaciones autónomas regionales y los ministerios de Minas y Energía y del Ambiente.

Al proponer un aprovechamiento hidroeléctrico prima el interés particular sobre la necesidad de optimizar el uso del recurso natural. A veces, se producen conflictos entre empresas interesadas en el mismo proyecto, y es común que quien lleve la delantera haya escogido un esquema que no es el mejor.

En una central hidroeléctrica se aprovechan tres recursos naturales: agua disponible, diferencia de alturas y geología favorable. Considerados por separado, los tres son abundantes. Se requiere disponer también de infraestructura de conectividad tanto en vías como en líneas eléctricas para el acceso a los sitios de proyectos y el transporte de la energía producida.

El problema reside en que la ocurrencia simultánea y favorable de esas cuatro condiciones no es frecuente. Cuando se construye una central, el sitio aprovechado se “gasta”, es decir, se pierde para nuevos desarrollos. Contra las apariencias, nuestro recurso hidroeléctrico realmente utilizable es escaso y no renovable. Su aprovechamiento tiene que ser el óptimo. No se le puede feriar.

La Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, del Ministerio de Minas y Energía, adelanta trámites para contratar un estudio que permita identificar el tamaño óptimo de nuevas centrales hidroeléctricas en las cuencas hidrográficas de todo el territorio nacional. Esta iniciativa apunta en la dirección correcta. Sin embargo, tal como está planteado, el estudio quedará incompleto, pues incluirá solamente los caudales y las caídas aprovechables, sin tener en cuenta la geología, la infraestructura existente y los impactos ambientales.

Proponemos, como medida transitoria y mientras se realizan los estudios holísticos, que en el trámite de todo nuevo proyecto hidroeléctrico sea obligatorio convocar, mediante edicto, a quienes hayan estudiado aprovechamientos que puedan estar en conflicto con el proyecto presentado, para que aporten información que permita a las autoridades competentes comparar alternativas. Se tomarán las medidas necesarias para proteger los derechos patrimoniales y garantizar la seriedad de las propuestas que se expongan. Las autoridades revisarán a fondo las alternativas presentadas y exigirán que el proyecto se aproxime lo más posible al punto óptimo, antes de aprobarlo.

Es claro que el procedimiento aquí esbozado hará más dispendiosos y costosos los trámites de nuevos proyectos y obligará a los entes controladores a tener más gente idónea, con recursos técnicos suficientes para el análisis de proyectos. Pero el interés general del país de velar por el uso óptimo de sus recursos naturales bien lo justifica.