Justicia

“We will not criminalize social protest” : Mindefensa (Ministry of Defense)
“No vamos a criminalizar la protesta social”, Mindefensa
Autor: Juan Pablo Ríos
13 de Septiembre de 2013


Ayer fue radicado un proyecto de ley ante el Congreso que busca sancionar hasta con cinco años de cárcel y 100 salarios mínimos legales a quienes promuevan actos de vandalismo en protestas sociales.


Foto: Archivo El Mundo 

Movimiento estudiantil ve en el Proyecto de Ley un ataque directo a sus manifestaciones.

El Ministerio de Defensa presentó una iniciativa de ley que incluye un paquete de medidas contra la extorsión, el microtráfico, el contrabando, la minería criminal y el bloqueo de vías.


Sobre el capítulo que hace referencia a las medidas sobre manifestaciones sociales y bloqueos en vías, la iniciativa del Gobierno propone fortalecer las penas y sancionar efectivamente a las personas que inciten y provoquen actos de violencia o vandalismo en protestas y movilizaciones sociales.


El proyecto radicado el día de ayer por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, contiene básicamente unas modificaciones al Artículo 353 del Código Penal, que castiga la obstrucción a vías públicas.


“Se aumenta la pena y la multa de este delito con el fin de que responda a la gravedad de la conducta y proteja el ejercicio del derecho a la protesta social sin el uso de la violencia. Adicionalmente se prevén dos agravantes a la conducta cuando esta es cometida con medios que impidan la plena identificación (encapuchados) o utilizando falsa identificación y cuando sea cometida utilizando menores, personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad y se elimina la posibilidad de obtener beneficios o subrogados penales”, según quedó consignado en la iniciativa radicada ayer ante el Congreso.


De ser aprobada esta iniciativa, las personas que sean sorprendidas en hechos vandálicos o que generen obstrucciones en las vías pagarían entre tres y cinco años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos. 


“El que incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de treinta y seis (36) a sesenta meses (60) y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. La pena se aumentará en una tercera parte, si la conducta vandálica es realizada utilizando elementos como capuchas o documentos falsos de identificación. 


Adicionalmente aumentaría si se comprueba que el delito fue cometido con utilización de menores, personas en situación de discapacidad o de la tercera edad.El Ministerio de Defensa aclaró que esta propuesta define que quien cometa actos vandálicos u obstaculice las vías en cualquier parte del territorio nacional, se verá inmerso en sanciones penales, lo que significa que “no serán objeto de beneficios o subrogados penales”, según se definió en el proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso de la República . 


Críticas a la propuesta 


Luego de conocida la iniciativa del Ministerio de Defensa, algunos sectores sociales reaccionaron en contra por considerar que el proyecto busca criminalizar la protesta social.


Clara López, presidente del Polo Democrático, dijo a EL MUNDO que la iniciativa solo busca deslegitimar el movimiento social.


“Las autoridades no se pueden escudar en que no está penalizado el vandalismo en el país, lo que tienen que hacer es adelantar las investigaciones para establecer la autoría de estos hechos e identificar a quienes les han pagado a los jóvenes para que cometan toda suerte de atropellos con el objetivo de deslegitimar la propuesta social”, indicó.


Para esta líder política, la propuesta del ministro Juan Carlos Pinzón coloca en un mismo nivel a las manifestaciones legítimas frente a aquellas que incurren en la ilegalidad y para las cuales hay sanciones estipuladas por ley. 


“Este proyecto que se presenta a consideración del Congreso no hace cosa distinta que criminalizar la protesta porque le quita un término; el de ‘ilícito’. De esa manera, deja avocados a los promotores y participantes de cualquier movilización, a ser penalizados por protestar contra el Gobierno y le quita legitimidad al movimiento social. Por tanto, me parece totalmente inaceptable que lleguen a esos extremos con un texto además, tan laxo y que lo único que logra es que la protesta en este país quede penalizada”, concluyó la líder política de izquierda. 


Gobierno responde


En entrevista con EL MUNDO, Jorge Enrique Bedoya, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, indicó que es un error pensar que esta iniciativa pretenda criminalizar la protesta social.


“El objetivo es buscar dotar de herramientas al Estado colombiano para mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano de a pie y para continuar combatiendo más efectivamente la criminalidad, el terrorismo y sus frentes de financiamiento”, indicó el viceministro. 


Sin embargo, aclaró que las manifestaciones sociales no pueden incurrir en violaciones a los derechos fundamentales, tales como la movilización de las personas, o el acceso a la salud.


“Aquí no se criminaliza la protesta social, por el contrario el mismo presidente de la República ha sido garantista y ha generado toda suerte de condiciones para que las protestas sociales legítimas se desarrollen en el marco social de derecho, pero cuando se generan bloqueos y serios perjuicios contra el resto de la población obviamente hay que tomar algunas medidas que inclusive, brinden más garantías a la protesta social, pero eso también incluye mayor tranquilidad para los colombianos que no están en los bloqueos y que se ven afectados cuando estos generan riesgos frente a la movilidad, el derecho a la salud, a la alimentación, entre otros”, concluyó el viceministro Bedoya.



Lo que opina el movimiento estudiantil

Amauri Núñez, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que agremia a 70 instituciones de educación superior, se refirió a la propuesta presentada por el Mindefensa. “Este proyecto es completamente negativo y creo que deja cada vez más en claro cuál es el talante antidemocrático y el tono fascista con que el Gobierno Santos quiere tratar las movilizaciones sociales cuando no las puede manejar a su antojo en mesas que no sean afines a su política”, expresó el líder.


Adicionalmente indicó que la medida tiene como objetivo judicializar a quien participe en los paros y protestas sociales. “El hecho de eliminar de la legislación actual la posibilidad de perseguir y judicializar las movilizaciones ‘ilícitas’, implica que cualquier tipo de manifestación así sea legal pero que genere una opinión contraria a los intereses del Gobierno, podrá ser perseguida por el Estado”, denunció el vocero de los estudiantes.




Componentes adicionales del proyecto

El proyecto presentado ayer a consideración del Legislativo, busca además que se adopten disposiciones y herramientas a las autoridades para atacar de manera contundentemente las fuentes de financiación de los grupos criminales. En este sentido, la iniciativa busca que la extorsión deje de considerarse como un delito económico y se vincule como uno que atenta contra la autonomía personal. En lo referente al microtráfico, el proyecto crea nuevos agravantes para castigar este delito y busca proteger a los menores de edad, para que no sean utilizados en la comercialización de estupefacientes. Finalmente, se refiere a la minería criminal, delito sobre el cual se busca aumentar los controles y fortalecer las penas.