Resumen de agencia

El excanciller colombiano Guillermo Fernández de Soto renunció ayer a su cargo como miembro del equipo que defiende la soberanía del país andino sobre el archipiélago caribeño de San Andrés, en el litigio que se libra con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Fernández de Soto explicó ante el pleno del Congreso de Colombia que su dimisión obedece a su nuevo cargo como director de la oficina del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Europa.

“No puede coexistir la función como coagente y mis nuevas responsabilidades”, explicó al detallar que además, las audiencias en este proceso terminaron en mayo pasado y “no resta sino el fallo en la Corte”.

Sin embargo, la dirección del Banco de Desarrollo de América Latina se ha comprometido a permitir su presencia en nombre de Colombia a las reuniones en las que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lo considere necesario.

El conflicto

La CIJ está estudiando la posesión de los seis cayos que rodean a San Andrés y la ubicación del meridiano 82, línea limítrofe entre Nicaragua y Colombia.

La posición de Colombia es que la frontera se delimite entre el archipiélago y Nicaragua, mientras los centroamericanos dicen que “la línea se debe trazar entre la costa nicaragüense y Colombia continental, porque el archipiélago, para ellos, no cuenta”. En días pasados la canciller María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores colombiana, respondió que “San Andrés es Colombia”, ante acusaciones de Nicaragua, según las cuales el haber celebrado la fiesta nacional el pasado 20 de julio con un desfile militar en la isla caribeña era “una falta de respeto”.

Holguín respondió a la acusación del jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, quien dijo que Colombia faltó al respeto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el desfile militar en San Andrés, cuya soberanía reclama su país.

Además, Nicaragua busca que sean reconocidos como suyos unos 50.000 kilómetros cuadrados de aguas del Caribe.

La Corte de La Haya determinó en 2007 que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posesión de Colombia, como lo indica el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.