Foto: EL MUNDO  Colombia es el tercer mayor exportador mundial de banano después de Ecuador y Costa Rica con cerca de 46.000 hectáreas cultivadas. La industria bananera genera 30.000 empleos directos y unos 80.000 indirectos, según Augura.

Jhon Jairo Murillo, EFE

A poco tiempo de que el Parlamento Europeo ponga a votación la ratificación de los Tratados de Libre Comercio con Colombia y Perú, la Eurocámara se prepara, a través de una audiencia pública, a escuchar los argumentos a favor y en contra del acuerdo.

A las voces que se han pronunciado a favor del TLC se han unido la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), que enviaron una carta a la Embajada colombiana en Bruselas para insistir en los beneficios sociales del acuerdo, que emplea a más de 100.000 personas en el país.

En la carta trabajadores y empresarios bananeros hacen hincapié en que con el TLC su producción tendrá acceso privilegiado al mercado común de 500 millones de consumidores, hecho que traduciría en progreso para  muchas familias del campo.

Paralelo al comunicado de los bananeros, ONGs como Intal, Teje, Transnational Institute y Ecologistas en Acción han convocado una manifestación contra la ratificación del acuerdo en la fecha y hora prevista para la audiencia pública.

“La Comisión Europea se apega a su agenda neoliberal a pesar de las carnicerías económicas que acarrea en los países en desarrollo y, ahora también, en Europa”, indicaron los organizadores de la protesta en un comunicado.

Según estas ONGs, los acuerdos de libre comercio “benefician a los inversores y a las transnacionales”, en tanto que la Comisión Europea “se muestra indiferente ante las catástrofes que esta política entraña en materia de violaciones de los derechos humanos y de desarrollo”.

Así mismo, los manifestantes recordaron que en la actualidad existen muchos grupos sociales en Colombia que rechazan el tratado, como es el caso de las organizaciones indígenas, los movimientos campesinos, las asociaciones de víctimas de la violencia en el país, grupos ecologistas y algunos sindicatos.