Foto: Cortesía  El encuentro le permitió a Colombia conocer, intercambiar y crear lazos con procesos de memoria de otros países que tienen una mayor trayectoria.

Apropósito del IX Encuentro Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, que se realizó en Bogotá entre el 22 y el 25 de septiembre pasados, EL MUNDO conversó con la argentina Valeria Barbuto, directora de Memoria Abierta, entidad coordinadora de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria. 

¿Cuáles son los avances que ha tenido Latinoamérica en la construcción de memoria?

Se han dado avances muy importantes. En algunos países conjugan memoria con verdad, justicia y reparación y en otros, memoria y verdad o memoria y reparación. El tema de la justicia es un poco más complejo. Vemos que en la mayoría de nuestros países está reconocido que la memoria es una herramienta fundamental para el posconflicto, la salida de las dictaduras o los procesos de paz y en la mayoría de países se han desarrollado proyectos que tienen que ver con museos, sitios de memoria, memoriales, programas educativos. La situación es buena en ese sentido, pero muy dispar, en algunos países hay retrocesos o negativas a que estas iniciativas tengan un rol importante o cuenten con el aval del Estado. 

Precisamente, ¿cuáles son los países modelo en esa materia? 

Argentina es un país que ha desarrollado una de las políticas más amplias de Latinoamérica en el tema de memoria, porque el Estado se ha hecho cargo de estas y existe un movimiento de derechos humanos fuerte, activo, que también promueve iniciativas. Por ejemplo, tenemos una política pública que promueve la señalización de lugares históricos donde sucedieron los crímenes, promueve la creación de espacios de memoria dedicados a la promoción de derechos desde la reflexión sobre el pasado, planes educativos que incluyen en los currículos de todos los niveles la idea de construcción de ciudadanía, de defensa y garantía de derechos humanos, de relatos de la historia, contamos con una política de archivos y con el reconocimiento de los tribunales que en sus fallos han dicho que la memoria es importante. 

¿Y cuáles tienen mayores dificultades?

Países como Guatemala y México sufren mucho la falta de políticas estatales, son países donde las comunidades, organizaciones de base, organismos de derechos humanos llevan adelante un trabajo intenso, pero frente a gobiernos que promueven impunidad o la teoría de que la memoria no es importante. 

¿Cuál es la relación de la memoria con las garantías de no repetición?

Nosotros trabajamos con la premisa de que la memoria es un elemento fundamental de las garantías de no repetición, porque es el proceso por el cual una sociedad se apropia de ese pasado, lo hace suyo. Por un lado, dignifica a las víctimas, les da un reconocimiento. Por otro lado, sanciona, aunque sea éticamente, a los victimarios y por último, reconoce que esos crímenes no pueden volver a suceder. Esa es la profunda memoria, que realmente cumple una función, cuando es apropiada por un amplio sector de la sociedad, en particular los jóvenes, quienes en el futuro serán los promotores de políticas que no usen la violencia.

¿Cómo ven la construcción de memoria que se ha iniciado en Colombia, aún en medio del conflicto?

Hemos visto que Colombia lleva adelante un proceso fascinante e intenso de memoria, desde la realidad de los territorios. Hay movimientos sociales que promueven y recogen el valor de la memoria y que en algunos casos ha logrado reconocimiento de las autoridades, pero en otros aún las sigue discutiendo. Me parece que tiene retos importantes, como la relación entre las políticas nacionales y las locales o regionales. Colombia nos está enseñando que la memoria también comprende los ritos y las tradiciones colectivas de las comunidades.

¿Qué características debe tener la construcción de memoria?

La mayor cantidad de actores debe comprometerse en ese proceso, dándole una voz particular a las víctimas y haciendo un proceso de memoria con diversidad cultural. Deben incluirse los estándares mínimos de los sistemas internacionales de derechos humanos, hay que preservar y conservar los lugares importantes para las comunidades, trabajar por lograr una legitimidad social y que las autoridades den reconocimientos públicos sobre los hechos. La memoria debe generar capacidad de responsabilidad de los ciudadanos que estén o no inmersos en el conflicto.