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Antioquia

Mining in native indians’ land
Minería en territorios indígenas
Autor: Luisa Fernanda Toro Arroyave
19 de Marzo de 2012


Durante el Foro por la defensa del territorio indígena frente a la minería en Antioquia, las corporaciones ambientales como Corantioquia y Corpourabá hablaron sobre medidas de compensación para resarcir el daño a comunidades por impactos ambientales

Foto: Cortesía 

Las comunidades indígenas también se dedican a la minería pero de manera artesanal, pues en los territorios antioqueños no se conoce ningún grupo étnico con esta vocación.

El territorio para los pueblos indígenas es la vida misma. En él aprenden su lengua materna, a cazar, a pescar, a coser, a cocinar y a cuidar sus hijos. Del territorio obtienen el alimento y el agua. En él están sus sitios sagrados. Por ello, la semana pasada, la comunidad indígena de Antioquia realizó un foro para reflexionar sobre la defensa de sus tierras frente a la actividad minera.


“En la actualidad debemos afrontar diversas situaciones que convierten nuestras tierras en un banco de recursos para la explotación y sustracción de minerales. Se le pone valor a la tierra y con ello, nos condenan a la desaparición de nuestros pueblos”, comentó William Carupia, presidente de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, quien además añadió que “las multinacionales están entrando a hacer las exploraciones con investigaciones y estudios en  territorios de resguardo constituidos legalmente con escrituras colectivas para los indígenas”.


Según el líder indígena, en esa fiebre del oro los mineros ilegales también están entrando a los resguardos con sus máquinas, sin planeación, y empiezan a hacer presión sobre las comunidades y a dividirlos internamente, dañando los procesos locales. “Ahí también entran intereses de actores armados en las zonas de Urrao, Frontino, Dabeiba y Murindó, donde están llegando todos los proyectos”, precisó Carupia.


Por ello, en el foro hecho en Frontino la semana pasada, los indígenas de Antioquia analizaron varias experiencias de otros departamentos, examinaron sus propios territorios y pusieron en conocimiento las leyes que sobre este tema rigen para las comunidades. “Nosotros estamos dispuestos a hablar, a capacitarnos para poder discutir el tema de la minería, porque nosotros no nos estamos oponiendo a los megaproyectos ni al desarrollo, pero este tiene que llegar también a nuestros pueblos cumpliendo con todas las normas jurídicas y ambientales”, expresó Carupia.


Por su parte, Aquileo Yagary, gobernador del Cabildo de Cristianía, ubicado entre los municipios de Andes y Jardín, Suroeste antioqueño, dijo que aunque esta zona ha sido influenciada más por los cultivos de café, finalizando el año pasado una empresa extranjera hizo un estudio que arrojó como resultado que existen minerales para la explotación en el Cañón del río San Juan.


“Con todo respeto, creo que ese modelo de desarrollo está en contraste con los recursos naturales y su afectación. No creo que sea tan buena idea la extracción de estos recursos porque es una intervención muy fuerte. Me parece que no sería tan ganancioso”, comentó el líder de Cristianía.


Otras miradas


Según Carlos Salazar, gerente Indígena de Antioquia, la minería ilegal se presenta sobre todo en la zona del Bajo Cauca y afecta a las comunidades indirectamente, pues los indígenas se están empleando en minas, creando conflictos internos en las comunidades.


“Tanto las empresas de mineras nacionales como las multinacionales tienen que cumplir en todo momento con todos los parámetros de Ley, que incluyen la consulta previa que está mediada por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, para regular que cumplan con los estudios de impacto y de manejo ambiental”, dijo Salazar.


Según el funcionario departamental, en este momento la Gerencia Indígena no tiene denuncias de las comunidades acerca de violaciones al derecho a la consulta, como tampoco hay solicitudes de empresas que pretendan ser apoyadas para realizar dicha consulta.


Sin embargo, desde la autoridad minera en Antioquia dicen  que “solo tenemos una zona minera indígena constituida como tal legalmente, que mide 103 hectáreas, queda en Valparaíso, se llama La María y pertenece a la comunidad Emberá Chamí. La misma cuenta con oro y material de construcción, pero es apenas un potencial porque puede que no haya explotación”, aseguró José Villamizar, director de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas de Antioquia.



Leyes

Según el Código de Minas, Ley 685 de 2001, toda persona que desarrolla exploración minera debe tener en cuenta el respeto por los valores culturales, sociales y económicos de los grupos étnicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto. Por ello deben hacer una consulta para saber la decisión de la comunidad indígena frente al tema.


Esta Ley, que diferencia los resguardos de zonas mineras indígenas, determinadas estas últimas con base en estudios técnicos hechos por la autoridad minera, da prelación a las comunidades indígenas para el aprovechamiento minero en esas zonas. En caso de autorización a que terceros o personas independientes a la comunidad realicen la explotación, siempre tendrá que tener en cuenta la participación de las comunidades étnicas.


De igual forma, la Ley indica que las comunidades indígenas pueden señalar zonas en su territorio en las que se restrinja la actividad minera marcándola como lugar de especial significado cultural, social y étnico.


Finalmente, si un municipio recibe regalías por el desarrollo de una actividad minera que se realice en las zonas de reserva indígena, los municipios deben destinar esos dineros en obras que beneficien estrictamente a esa comunidad.




Medio ambiente

Según Flor Ángela Restrepo, abogada de Corantioquia, la actividad minera se desarrolla en tres fases. Una de prospección, otra de exploración y la última es de explotación, transporte y beneficio de los materiales.


La fase de prospección es una mirada en el territorio que hacen expertos para identificar la posibilidad de la existencia de minerales en un territorio y que no requiere permisos, autorizaciones ni concesiones frente a la autoridad ambiental.


La exploración requiere la aplicación de guías minero-ambientales y la solicitud de los permisos que requiera el proyecto para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En esta fase el titular del proyecto minero deberá identificar los aspectos que la guía implementará para que la autoridad ambiental haga el control en el territorio.


Y en la fase de explotación, se requiere la licencia de una corporación ambiental. Quien la solicita debe tener título minero, con un estudio de impacto ambiental que parte de caracterizar el área, de identificar las obras y actividades que se van a desarrollar y de establecer las medidas ambientales para mitigar, corregir, manejar, prevenir y compensar los efectos ambientales negativos que se produzcan como consecuencia de la actividad minera. También en esta fase, se debe presentar la radicación arqueológica preventiva.









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