La reciente discusión que tuvo lugar en Colombia causada por el proyecto de ley 174 de 2018, que proponía unificar las entidades reguladoras para las telecomunicaciones, llevó a las conversaciones cotidianas el tema de la televisión pública y su vulnerabilidad financiera.

Representantes de los canales regionales y de cableoperadores nacionales se mostraron de acuerdo con la idea de dar vida a un regulador único para su área en el territorio nacional, dado que actualmente los actores inmersos allí deben rendir cuentas a varias entidades al mismo tiempo; hecho que han calificado como un desgaste administrativo.

Este paso, de hecho, debe darse para cumplir con los estándares impuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a la que recientemente ingresó el país; entonces cuál es el motivo de la discordia entorno a esta iniciativa.

Según la gerente de Canal Trece, Catalina Ceballos, tres modificaciones hechas por el Congreso al citado proyecto de ley podrían impactar negativamente a la televisión pública.

Entre ellos, la creación de un fondo único, es decir, la unión entre el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (Fontvc), a este último llegan los recursos aportados por cableoperadores y canales privados que apoyan la producción de contenidos en los canales regionales, indicó Ceballos.

“El otro punto modificado fue solicitar que la contraprestación (aporte), que entregan los cableoperadores y que llega al Fontvc, sea del 1,96%. Hoy día ellos tienen que dar una contraprestación dependiendo de la cantidad de suscriptores que tengan en las regiones. En lugares de poca afluencia ese aporte baja al 2%, pero en grandes ciudades puede llegar al 4%”, señaló.

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Esto, a consideración de la gerente, “sería un detrimento enorme, porque esos dineros entregados para la producción de contenidos en la televisión pública -no para el mantenimiento de los canales- disminuiría”.

Actualmente, exclamó, los transmisores regionales están haciendo series de ficción como la de Devora Arango, en Teleantioquia; o tu corazón será mío, en Canal Trece; con menos de la mitad de los recursos que un canal privado invierte en una de estas producciones.

La ponencia del proyecto de ley, hecha el pasado 17 de mayo por el senador Mario Fernández, dio un vuelco a la idea original y a parte de restarle posibilidades a las realizaciones audiovisuales de la televisión pública, no contempla una transición entre el fin de una entidad reguladora y la creación de una nueva, dijo la directora de la Autoridad Nacional de Televisión, Ángela Mora.

El manejo del fondo unificado, cuestionó la directora, pasaría directamente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando en primera instancia la iniciativa apuntaba a que el regulador convergente fuese su administrador, reprochó.

“Lo único claro es que al contrario de acabar con la televisión pública lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Sabemos que del presupuesto general de la Nación no va a llegar plata para los transmisores regionales, así será muy complicado garantizar la subsistencia de ellos”, añadió Mora.

Con la agonía de los canales no privados, de acuerdo con el profesor de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la UPB y defensor del televidente en Teleantioquia, Luis Fernando Gutiérrez, los ciudadanos perderían un patrimonio.

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Una televisión sin los fondos desembolsados por el Fontvc, apuntó el profesor, tendría que avocarse  hacia una programación mucho más comercial; algo que a su juicio revertiría el propósito de la televisión pública, cuyas producciones están más encaminadas a formar ciudadanos y no consumidores, como en el caso de los privados.

“Aquí la gran pregunta es: el asunto de la representación dónde queda, los temas de interés y de preocupación regional que son propios de nosotros dónde quedan”, reflexionó el académico. 

En el escenario planteado por el proyecto 174, advirtió Gutiérrez, la televisión pública correría el riesgo de pasar al Gobierno de turno y se volvería más institucional, puesto que su financiación podría llegar en gran medida por cuenta de las Administraciones departamentales.

“Además quien sabe si una Gobernación como la de San Andrés islas estaría interesada en apoyar uno de estos proyectos televisivos, porque esto es costoso, es una infraestructura técnica, es desarrollo de contenido y de una industria”, mencionó.

La materialización de esta iniciativa, con las modificaciones realizadas en el Congreso, representaría perder un testimonio histórico y cultural recopilado gracias a programas como Arriba mi barrio, Arriba mi pueblo y Relatos de viaje, en el caso de Teleantioquia, resaltó Gutiérrez