La persistencia con que la mayor organización cívica del pueblo wayuu ha reclamado por los derechos de su infancia desamparada, los procesos que han derivado en la suspensión de las autoridades elegidas popularmente y el conocimiento que el Gobierno Nacional adquirió sobre la corrupción en La Guajira detonaron la intervención a los recursos de salud, educación y agua potable ordenada esta semana por el Conpes y ya en ejecución.

La medida significa que por los próximos tres años, como máximo y ojalá durante menos tiempo, se han suspendido los efectos presupuestales y administrativos de la descentralización. A partir de ella, el Gobierno Nacional asume la gestión de $785.000 millones sólo en 2017.

Las acciones pretenden cortar el desangre de recursos públicos que nunca llegan a sus destinatarios, romper las redes de la corrupción y preparar una ciudadanía capaz de guiar el destino de su pueblo hacia el bienestar, la prosperidad y la sostenibilidad.

La eficacia de esta iniciativa quedará probada cuando las autoridades centrales entreguen el manejo del departamento a dirigentes preparados para dirigirlo con eficacia, transparencia y criterios incluyentes.

La vida en riesgo del pueblo y el territorio guajiro demanda que este proyecto tenga éxito.