El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) fijar un nuevo esquema de validación para los partidos políticos en el país, un proceso que el ente electoral había iniciado en marzo pasado e indispensable para participar en futuras elecciones.
“Quedará en manos del CNE fijar el nuevo cronograma y la cantidad de firmas por estados, incluyendo las organizaciones con fines políticos que ya se sometieron a dicho proceso, pues sus efectos son hacia el pasado”, dice un comunicado de la Sala Constitucional del Supremo del vecino país.
La legislación venezolana establece que los partidos políticos deben obtener al menos el 1 % de los votos en una elección para mantenerse vigentes, y aquellos que no logren este porcentaje irán a un proceso de validación en el que deben reunir el 0,5 % de apoyos del registro electoral en 12 entidades del país.
Por ello, el Poder Electoral comenzó en marzo a hacer jornadas cada fin de semana para que 59 organizaciones políticas puedan cumplir este requisito, del que quedaron eximidas tarjetas como la del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Ahora, con la sentencia de la Sala Constitucional, los partidos que hubieran obtenido en las elecciones nacionales el 1 % de los votos emitidos, “sólo tendrán que presentar una constancia de la votación que obtuvieron, debidamente certificada por el respectivo organismo electoral”.

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El Supremo acordó además que la organización política que haya logrado en los últimos comicios el 0,5 % en doce entidades “se dará por validada sin necesidad de someterse al proceso” de validación que realiza el Poder Electoral.
Asimismo, aquellos partidos que hayan alcanzado el 0,5 % en algunas entidades sin lograr las doce en los últimos comicios, “deberán validarse en el resto de las entidades federales donde no hayan conseguido ese porcentaje mínimo hasta completar las doce entidades establecidas, teniendo por válidos los porcentajes obtenidos”.
Con esto, agrega el Supremo, se “garantiza el trato igualitario para todas las organizaciones políticas que hacen vida en la democracia venezolana”, así como “el pluralismo para el ejercicio cabal del derecho a la participación activa de las organizaciones con fines políticos”.