Tropas venezolanas invadieron Arauquita, territorio colombiano durante cuatro días, instalaron campamentos, izaron su bandera y destruyeron cultivos de plátano de propiedad de campesinos de la zona. ¡Cuatro días! Son todo el tiempo del mundo para una violación de la soberanía nacional consentida por el gobierno colombiano. Porque no de otra manera se explica que hayan demorado ese tiempo para contactar a las autoridades del vecino país y “lograr” que la fuerza expedicionaria invasora se retirara, no sin que antes la canciller Delcy Rodríguez “denunciara” que su país es víctima de una “agresión”; de que, además, obtuviera que se activara la comisión binacional de fronteras para “verificar las coordenadas”-algo curioso porque éstas no existen, pues los tratados limítrofes se hicieron tomando el rio Arauca como lindero natural y desde siempre ese sitio ha sido suelo colombiano, como lo atestiguan generaciones de compatriotas nacidos en la zona - y ¡dilucidar a cuál de los dos estados pertenece esa zona!.

Santos y la canciller Holguín reaccionaron, no con prudencia, sino con temor ante semejante agresión. Uno entendería que ésta aconseja no dejarse provocar de un régimen que tiene serias dificultades con su pueblo al que está dejando morir, literalmente de hambre, y que busca desesperadamente desviar la atención y concitar, al precio que sea, la unidad nacional. Y qué mejor que Colombia, viejo trompo pagador de los políticos de ese país, para lograrlo. Pero ese no es el caso. Una cosa es no dejarse provocar, y otra, muy distinta, permitir que elementos armados del tirano Maduro ingrese impunemente en Colombia y abuse de nuestros ciudadanos, sin protestar y sin mostrar que nuestro gobierno está dispuesto a defender la soberanía y la integridad nacionales.

Es que la invasión fue denunciada a tiempo por las autoridades departamentales y locales, pero hubo tardanza deliberada en la respuesta de Santos. Y cuando, por fin, después, insisto, de cuatro largos días, se pronunciaron, lo hicieron con timidez extrema, para no disgustar a las autoridades venezolanas, aceptando las condiciones impuestas por los agresores, permitiendo que pusieran en duda la pertenencia de ese territorio a Colombia, al aceptar que la comisión binacional se ocupe del asunto, como si fuese algo que estuviese en discusión, y sin siquiera movilizar desde el primer día una fuerza disuasoria no agresiva y sin hacer uso inmediato de los canales internacionales, como la OEA y la ONU.

Lo peor es que semejante respuesta contraria a los intereses nacionales, no es casual. Desde que Santos decidió negociar con las Farc, su actitud frente a Venezuela ha sido la de apoyar la dictadura en los foros internacionales, guardar silencio cómplice frente a las graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de ese país y bajar la cabeza frente a las continuas agresiones contra nuestra patria -lo de Arauquita es apenas uno de las múltiples invasiones a pueblos fronterizos y persecución a nuestros nacionales- y a hechos tan protuberantemente agresivos contra Colombia, como el cierre de la frontera, que de paso, perjudicó a los propios venezolanos, como todos pudimos constatar, y la expulsión de miles de compatriotas. Y todo porque la boliburguesía narcotraficante que gobierna ese país, es socia del negocio de la coca de las Farc, su retaguardia estratégica y su valedora ideológica, como que su aspiración final mutua es revivir la Gran Colombia -Venezuela, Colombia y Ecuador- bajo un régimen socialista instalado y soportado por el narcotráfico. No se puede olvidar que las Farc son el mayor cartel de la coca en el mundo; que los militares venezolanos y miembros del Psuv, entre los que se cuentan el Cartel de los Generales y la familia de Maduro, son integrantes importantes en el negocio de exportación del alcaloide; y que la frontera con el Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo, está la mayor producción de hoja de coca en Colombia y donde están instalados los principales laboratorios de elaboración de la cocaína, y que las Farc dominan el negocio y los límites con ese país, amigo de esa guerrilla y par de Venezuela.

Y tampoco se puede dejar de lado, que en el Acuerdo Santos -Farc, Venezuela no sólo era y es acompañante, sino que ahora forma parte del grupo que definirá las diferencias de interpretación del tratado. Y ya sabemos a favor de quien actuará, pero también conocemos cómo nuestro dignatario hace todo para complacer a las Farc, ahora, a punta de fast track.

La actitud frente a Maduro, es, entonces, una consecuencia directa, primero de la negociación, y luego del acuerdo con esa guerrilla. Santos entrega la soberanía nacional para cumplir el mandato de la guerrilla y su principal socio internacional. Lo ha hecho todo el tiempo, basta recordar, cómo cedió sin chistar decenas de miles de kilómetros del mar caribe colombiano a Nicaragua de Ortega, hermano de sangre de las Farc y de dictadura de Maduro.

Este es un motivo más para salir masivamente el 1º de abril a marchar contra Santos y persistir en su revocatoria.