Por considerar que “vulnera el principio de solidaridad” y que “constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones”, el Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley que elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios.

Según lo anterior, Juan Manuel Santos devolvió al Congreso de la República el proyecto que prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad. En tal sentido, se envió una comunicación al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, en el cual se explican las objeciones por “inconstitucional” e “inconveniencia”.

Al abstenerse de sancionar la norma, el Gobierno subrayó que “la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”.

“Dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema”, destacó el comunicado.

El Ejecutivo explicó que ya ese costo sería entonces asumido por los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado; y en el caso de que los usuarios sean quienes asuman el costo, “necesariamente tendrán que aumentarse, de manera general, las tarifas del servicio”.