Radicado se encuentra el proyecto de ley que pretende solucionar la crisis de la salud en el país. En las próximas semanas se llevará a cabo el primer debate en el Senado del este proyecto que promete ser polémico. 

La ley busca mejorar la vigilancia de los recursos financieros, pues la cartera podría alcanzar los 2.5 billones de pesos. Así, el proyecto de ley 090 de 2017 radicado en el Congreso de la Republica propone medidas para mejorar la vigilancia de los recursos financieros, estimular la transparencia e incentivar el saneamiento de cuentas. Lo cual pretende ayudar a mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud de todos colombianos.

Con la misma se pretende, entonces, la intervención de la Superintendencia Financiera para la vigilancia y control de los recursos, la creación de un portal de contratación para estimular la transparencia y racionalizar los costos del sector, determinación de las obligaciones para sanear las cuentas entre aseguradores, prestadores y Estado, construir redes integrales para mejorar el acceso de la población a los servicios, garantías del Estado para mejorar la liquidez del sistema y reducir la deuda pública y la prohibición de prácticas riesgosas para recuperar la confianza entre actores y promover la transparencia.

El panorama de la crisis de la salud en Colombia no da espera. Cierres de servicios y camas de hospitales, salas de urgencia con sobre cupo, quimioterapias sin ser autorizadas, IPS de la ciudad cargadas de deudas e ilíquidas; son apenas la punta del iceberg. Ante el déficit presupuestal, el 29% de los hospitales del país disminuyeron su capacidad y uno de cada diez ha limitado algún tipo de atención médica.

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El proyecto de ley fue propuesto por el Senador de la República Álvaro Uribe Vélez y el experto en salud, Fabio Aristizábal Ángel, que con más de 20 años de trayectoria en el sistema, se construyó un proyecto en conjunto con directivos, pacientes, prestadores del servicio de salud y agremiaciones denunciaron las falencias que han provocado la crisis.

Sin el ánimo de una reforma al sistema de Seguridad Social del país, son ajustes basados en dos normas: Ley 1122 y 1438, que permitirán el reforzamiento, la articulación y fortalecimiento de los roles de los actores y gremios del sistema.

"Con este proyecto se busca evitar que se sigan vulnerando derechos o caducando acciones. Artículos que propiciarán una mejor seguridad jurídica al sistema. La infraestructura del sistema tiene averías que impiden el flujo de dinero a las IPS y EPS, no cancelan a hospitales, clínicas, proveedores ni profesionales de la salud", indicó un comunicado oficial de esta iniciativa.