Desde agosto de 2016 a la fecha, han sido procesados 62 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación por presunto hechos de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación continúa en su lucha contra la corrupción en cumplimiento del plan Bolsillos de cristal, y avanza en investigaciones contra funcionarios judiciales vinculados a presuntos hechos irregulares en el desempeño de sus funciones.
A la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Buga, fue enviada Aleyda Saavedra Londoño, juez primera penal municipal de conocimiento de Sevilla (Valle del Cauca), quien el pasado lunes festivo 16 de octubre, ordenó la libertad de Francisco Pineda Paredes, un señalado narcotraficante pedido en extradición y excluido de la lista de integrantes de las Farc.
En audiencia de control de garantías la Fiscalía imputó a la funcionaria judicial los delitos de prevaricato por acción agravada y abuso de función pública.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación investiga a la juez primera penal municipal de conocimiento de Sevilla porque se habría apartado de la ley y, al parecer, otorgó de manera irregular la libertad inmediata de Francisco Pineda Paredes, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos).
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz mediante resolución expedida el 5 de septiembre de 2017, excluyó a Pineda Paredes del listado de integrantes de las Farc al considerar que se trataría de una persona que no perteneció a esa organización y que está inmersa en un proceso por tráfico de drogas.
Pineda Paredes habría estado concentrado en la Zona Veredal de Transición y Normalización (Zvtn) ubicada en la vereda La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo), y fue capturado en una operación realizada por la Fiscalía General y la Policía Nacional el 19 de julio de 2017, en Cali. En su momento fueron detenidas tres personas por pertenecer a una estructura narcotraficante de nivel trasnacional.
La Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Tunja realizó imputación ante un juez de control de garantías, contra Rubiela del Carmen Malaver Cely, fiscal 11 Local de Tunja, por los delitos de prevaricato por acción y omisión, en concurso con cohecho. El próximo lunes 30 de octubre se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.
Los hechos están relacionados con la investigación que se sigue contra un funcionario de la Fiscalía que habría solicitado $4'000.000 a una persona procesada por la entidad. En interceptaciones telefónicas conocidas dentro de este caso hacen referencia a la fiscal Rubiela del Carmen Malaver, quien presuntamente iba a realizar los trámites necesarios para archivar el proceso.
Efectivamente, un mes después de iniciada la investigación, el proceso fue archivado solamente con la ampliación de la denuncia.
El 16 de noviembre del año en curso, se imputarán cargos contra el fiscal Henry Hernández, por el delito de concusión. El ente acusador tiene evidencias de que el funcionario habría solicitado dinero al familiar de una persona desaparecida, con el argumento que la Fiscalía no tenía presupuesto para trasladar investigadores de policía judicial hasta Meta, donde era necesario adelantar labores relacionadas con el caso. Durante la investigación se encontró que la víctima entregó el dinero solicitado.
Prohibida su reproducción total o parcial. La traducción a cualquier idioma está permitida estrictamente para usos pedagógicos y debe citarse la fuente. Reproduction in whole or in part is forbidden. Translation in any language is permitted strictly for pedagogic uses without written permission, and credits shoud be given to EL MUNDO.
Webmaster: webmaster@elmundo.com - Contáctenos en la Calle 53 #74-50 Barrio Los Colores en Medellín - Colombia - Teléfono (574) 2642800
Mi Mundo
Regístrate
