El choque de poderes en el Perú llegó a su máximo punto de ebullición y hoy el país, en medio de una tensa calma, espera que imperen la razón y la Constitución para resolver el histórico momento sin que se afecten la tranquilidad social y la estabilidad económica que han acompañado su desarrollo en los últimos años.

Esa lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo hizo que el presidente Martín Vizcarra, apoyado en la Constitución, disolviera el Congreso y convocara a elecciones parlamentarias para el 26 de enero del próximo año, tiempo en el cual legislará el poder Ejecutivo vía decretos de urgencia.

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La decisión fue anunciada por Vizcarra el lunes pasado luego de que el Congreso “se rehusara a votar la moción de confianza en los términos presentados por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a quien incluso le impidió su ingreso al recinto, cuando eso se lo autoriza la misma Constitución”, explica el analista político peruano, Juan Sánchez Barba.

“La Cuestión de Confianza proponía una iniciativa legislativa que garantizara transparencia en la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), que no fuera una decisión a puerta cerrada y sólo entre los Congresistas, sino que existiera la posibilidad de investigar con detalle la competencia moral y profesional de cada congresista, con la participación de la sociedad civil y de manera abierta al público. Eso era lo que contenía la propuesta del Gobierno”, explicó luego Vizcarra al comunicarle su decisión a todo el país.

Acto seguido, “cuando entendió su error, el disuelto Congreso anunció tardíamente que ya se había aprobado la Cuestión de Confianza” y luego, “arbitraria e inconstitucionalmente, tomó la decisión de aprobar la incapacidad temporal del presidente Vizcarra para encargar de la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien menos de 24 horas después renunció, aceptando esa grave falta”, apunta Sánchez Barba.

Al estar dando continuidad al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien ya el Congreso le había negado una cuestión de confianza en 2017, el actual mandatario consideró que se le ha negado este mecanismo en una segunda oportunidad a un mismo gobierno, por lo que tomó la decisión.

La Cuestión de Confianza, aclara el analista, “es el único mecanismo que el Ejecutivo peruano tiene para demandar respuestas rápidas de parte del Congreso, y si el Congreso se la niega en dos oportunidades, constitucionalmente el presidente está facultado para disolverlo, que fue lo que hizo Vizcarra este lunes 30 de septiembre motivado por la negativa del partido Fuerza Popular y sus aliados”.

Por eso, reitera, “actuando según la ley, el presidente Vizcarra disolvió el Parlamento, y lo hizo con toda legitimidad constitucional y, lo más importante, con toda legitimidad social”.

Dicen las consultas que el 75% de los peruanos aprueba hoy la medida de la disolución y el 84% desaprueba la gestión del Congreso. Es decir, no sólo está avalada constitucionalmente sino que la población respalda al Gobierno mayoritariamente en todo el país.

A eso se suma, expone Sánchez Barba, que “la decisión presidencial también cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas”, Ejército y Policía, que en cabeza del general César Astudillo y toda la cúpula militar, reiteró su apoyo institucional al presidente Vizcarra.

Hecho frente al cual también se pronunciaron los profesores de derecho Constitucional de la Universidad Católica del Perú: “Se trata de una decisión que se sustenta en la cuestión de confianza, como institución constitucional que tiene por finalidad ser un mecanismo de equilibro y balance de poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, y que se encuentra regulada entre los artículos 132 y 134 de la Constitución. Además de ello, la denegación de confianza a dos gabinetes y la disolución del Congreso procuran también que la ciudadanía, a través de nuevas elecciones, defina una nueva composición del Congreso. De esa forma, concreta lo expresado en el artículo 45 de la Constitución en relación al principio democrático, dado que: “El poder del Estado emana del pueblo…”.

Telón de fondo

Para los analistas peruanos, la actual situación de crisis era “prácticamente inevitable”, pues ese forcejeo político inició desde las mismas elecciones presidenciales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó con sólo 50.000 votos de ventaja. “Entonces el fujimorismo anunció una oposición que en la práctica ha estado enfocada en obstaculizar la labor del Ejecutivo, y lo ha hecho a partir de la mayoría en el Congreso”, con 73 de los 130 escaños, además de la alianza que ha logrado sumar con el partido Aprista.

“Ese Parlamento fujimorista aprovechó cada ocasión para trabar las propuestas legislativas y encontró en el destape de la corrupción propiciada por Odebrecht, la oportunidad para intensificar su acción contra Kuczynsky, hasta obligarlo a renunciar”, recuerdan los analistas.

Entonces entró en escena el vicepresidente Martín Vizcarra, que al momento del vacío de poder se desempeñaba como embajador de Perú en Canadá.

“El nuevo mandatario asumió el cargo el 23 de marzo de 2018 en las condiciones políticas más adversas imaginables, con el apoyo de los demás partidos pero con la misma férrea oposición fujimorista en el Congreso, envalentonada por el logro político que acababa de obtener”, precisa Sánchez Barba.

El tira y afloja con el Congreso continuó y el punto de quiebre vino cuando el referendo planteado por Vizcarra (9 de diciembre de 2018) obtuvo el 80% de aprobación, luego de que los parlamentarios habían hecho lo posible para que no se llevara a cabo. La consulta popular contenía propuestas de reformas constitucionales sobre el sistema político y judicial peruano. En buena medida, esas reformas eran indispensables ante los evidentes niveles de corrupción y la necesidad de corregir defectos del sistema político para que el Ejecutivo pudiera gobernar sin tanta traba.

“Con el aplastante resultado del referendo, Vizcarra inició una cruzada contra la corrupción y puso al Congreso contra las cuerdas, pues paralelamente las denuncias salían a la luz pública y la mayoría de ellas comprometían a integrantes opositores. De hecho, la propia Keiko Fujimori se encuentra privada de la libertad en desarrollo de un proceso que se investiga por supuestamente haber recibido recursos de Odebrecht”, explican los analistas.

A eso se suma que este miércoles, en medio del agite político y en desarrollo del asunto que adelantan los fiscales peruanos del caso Odebrecht, se conoció una larga lista de 71 nombres codificados empleados por la constructora brasileña para el presunto pago de coimas a diferentes autoridades del país, lo que según los analistas es el “telón de fondo” de la batalla política de quienes han hecho todo lo posible por evitar que la decisión que el pueblo respaldó en el referendo se lleve a la práctica.

Mientras, en plena calidad de sus funciones, el miércoles el presidente Vizcarra instaló formalmente una Comisión Permanente compuesta por 27 legisladores, que sesionará durante los próximos cuatro meses que indica la Carta Magna como periodo máximo para la instalación de un nuevo Parlamento, y el jueves designó un nuevo gabinete ministerial que completará el periodo 2019-2020.

Es decir, “aquí no hay ningún golpe de Estado y no hay dos presidentes. Es un momento de crisis, pero en la opinión pública, cansada de esa permanente tensión, se nota una especie de alivio; no hay síntomas inmediatos de deterioro económico a raíz de esta situación, tal vez se pueda afectar la inversión privada a mediano plazo, pero el Perú tiene en términos económicos buena salud financiera y creo que este momento no afectará al país en lo inmediato. Es cuestión de horas para que el ambiente sea de normalidad y el país pueda vivir una realidad política diferente a la de las últimas semanas”, concluye Sánchez Barba.

Comentarios:

Edgar
2019-10-06 07:39:55

Buena ésa por los peruanos. Esperamos que algún día, soñamos, se pueda tener acá en Colombia esa madurez política.

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