De las muchas veces que hemos dedicado este Memento a hablar de la televisión, tal vez la más reciente fue a comienzos de junio cuando advertíamos sobre la amenaza que representaba para el sector la ley que pretende modernizar las TIC y ponerlas apunto con los parámetros de la Ocde. Como en otras ocasiones, advertíamos sobre la necesidad de cerrar filas para defender un sistema de televisión pública que nos permita vernos reflejados y reconocernos como sociedad, con variedad de acentos, talentos y relatos, que superen la mirada centralista de la capital y el afán económico de los oligopolios.

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Cambió el gobierno, se modificó el proyecto un par de veces pero todavía no está despejado el panorama. Aunque la discusión no ha tenido el cubrimiento mediático de otras iniciativas, han sido jornadas extensas en las que se juega el futuro de los canales públicos, es decir, la posibilidad de tener contenidos alternativos que no estén condicionados por la dictadura del rating o el éxito comercial, que les imponen a los canales privados seguir cabalgando sobre formatos uniformados de realities, narconovelas y noticieros de orden público.

Una buena parte de la opinión pública se asomó al tema por el SOS que hizo Yamid Amat en su espacio del Canal Uno, ante la preocupación de que sus socios extranjeros salgan del negocio si se aprueba la ley como avanza la discusión. Es que el proyecto excluye a los concesionarios del canal público de algunos beneficios que les ofrece a Caracol y RCN, canales a los que además de ampliarles la licencia por 20 años, los libera del pago de 12.800 millones de pesos en los próximos 10 años, sustituyendo ese valor por el 2,2% de la participación comercial. Para muchos, un premio a los canales privados y un castigo a la independencia y crítica permanente del Canal Uno, el único que sobrevive con el esquema de canal público concesionado a particulares.

Pero como hemos dicho, el tema está en discusión desde hace rato y con dificultades y bemoles se han logrado mejoras en el proyecto para defender la supervivencia de los canales regionales. Justo es decir que esa lucha ha sido liderada por Mábel López, la gerente de Teleantioquia, quien entendió que más que el trámite de la cotidianidad en su despacho, su ocupación principal debía ser ayudar a mantener el sistema público de televisión, amenazado seriamente con el proyecto original, como pusimos de presente. En ese mismo sentido, se echa de menos en la discusión, la voz de Telemedellín que en distintos momentos ha buscado el reconocimiento como parte integrante del sistema público de televisión, de manera que pueda acceder a otros recursos y no depender siempre de la voluntad del alcalde de turno.

Sigue siendo urgente defender la televisión pública como el escenario del entretenimiento y la comunicación intencionada. Como el lugar para el encuentro, para vernos y reconocernos, no como la tribuna de la propaganda o el culto a la imagen sino como el espacio para ayudar a construir ciudadanía y a fortalecer la cultura.

El proyecto se ha mejorado sí, pero sigue dejando dudas sobre el favorecimiento a los canales privados en detrimento del sistema público de televisión. Incluso el analista de medios, Omar Rincón, puso de presente su extrañeza porque el proyecto deja sin reglamentación de contenidos a plataformas como Netflix, lo que calificó como “un atentado contra la producción de contenidos nacionales”. Y resulta mucho más extraño si se tiene en cuenta que el propio Reed Hastings, CEO y cofundador de esa OTT, en entrevista con Dinero en su reciente visita a Colombia, reconoció que es razonable que en el país, como ya se hace en otros, se le cobre a Netflix “los mismos impuestos como se aplican a todos los demás”.

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Lo que pide la Ocde es que la regulación de las telecomunicaciones esté en manos de un órgano independiente del gobierno de turno, precisamente para que no sea un sistema de premios y castigos ni esté sujeto a motivaciones políticas. Un requisito que aún parece ausente en el proyecto, pero que aunado con la realidad nacional deberá tenerse en cuenta para afinar la ley y garantizar la vida de la TV pública.