Un juez de Bogotá negó la libertad al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, primer capturado en Colombia por el caso de los sobornos de la constructora brasilera Odebrecht, informó la Fiscalía en un comunicado.

García pretendía recobrar la libertad pero el Juzgado 54 Penal Municipal de Bogotá acogió los argumentos de la Fiscalía que advirtió que “se trata de un funcionario peligroso para la administración de justicia, toda vez que podría obstaculizar el trámite procesal por su influencia dentro del poder público”.

El exviceministro ya aceptó ser el autor de los delitos de cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, luego de ser vinculado con la adjudicación irregular de los contratos del Tramo II de la Ruta del Sol a la firma brasilera Odebrecht a finales de 2008.

La Ruta del Sol es una carretera que comunica el interior del país con la costa Atlántica y que todavía no está terminada.

Tras lo establecido en la investigación el exfuncionario recibió 6,5 millones de dólares para dicha adjudicación.

Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelados el pasado 21 de diciembre, Odebrecht pagó más de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia entre 2009 y 2014 como parte de su estrategia para conseguir contratos en Latinoamérica y África.

Las investigaciones en Colombia sobre la red de sobornos de Odebrecht se han concentrado en los contratos para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, así como en las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal del país.

Las ramificaciones del caso en Colombia también han llegado a las campañas de las elecciones presidenciales de 2014, la del mandatario Juan Manuel Santos y la del opositor Óscar Iván Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, pues según el publicista brasilero Duda Mendonça, parte de sus honorarios por asesorar a este último fueron pagados por Odebrecht.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, también señaló que Bula dijo en su declaración jurídica que dio parte de las coimas que recibió al entorno de la campaña de Santos, sin embargo posteriormente lo negó en una carta enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE).