El vicepresidente Óscar Naranjo reconoció este lunes que la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin vigencia dos apartados del Acto Legislativo para la Paz produce “incertidumbre”, pero subrayó que no supone una catástrofe para la implementación del acuerdo con las Farc.

“Enfrentamos hoy ante la implementación de los acuerdos de paz una situación que yo estimo no es catastrófica”, dijo Naranjo a corresponsales extranjeros en Bogotá, donde este lunes se reunió con el número dos de las Farc, Luciano Marín, alias iván márquez, para buscar alternativas a la situación generada por la sentencia.

El Vicepresidente se refirió al fallo del pasado miércoles por el que la Corte Constitucional declaró improcedente la prohibición al Congreso de modificar los proyectos de ley presentados mediante el mecanismo de “fast track” (vía rápida) para la implementación del acuerdo de paz con las Farc, decisión duramente cuestionada por esa guerrilla.

En opinión de Naranjo, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc en La Habana, esa sentencia “no modifica lo que uno podría llamar el ADN del ‘fast track’”.

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Sin embargo, admitió que una decisión de esa naturaleza “produce incertidumbre y puede alimentar desconfianzas alrededor de la implementación de los acuerdos”.

Por esa razón reiteró que el presidente Juan Manuel Santos y su Gobierno en general, “están dispuestos a cumplir lo pactado en el acuerdo”.

“Entendemos que es necesario sentarse y seguir avanzando en el mecanismo previsto en el acuerdo”, que es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, Csivi, del acuerdo de paz, “para buscar fórmulas que permitan superar esta situación de hoy”, dijo.

Dicha comisión se reunirá este martes para hallar alternativas que den “garantías” y mantengan la “confianza” en el proceso para asegurar el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo firmado en noviembre del año pasado en Bogotá para terminar 52 años de conflicto armado interno.

Según el vicepresidente, hay “certeza de que el Estado ofrece seguridad jurídica para quienes han tomado la decisión de hacer la dejación de las armas y al mismo tiempo darle seguridad a los colombianos de que esta no será una paz armada”.

En una carta abierta dirigida el pasado sábado a Santos, el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias timochenko, le manifestó sus preocupaciones por el supuesto incumplimiento del Gobierno con el acuerdo de paz y porque otros poderes actúan “de modo sospechoso”.

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Según Londoño, la guerrilla cumple todos los compromisos, mientras que “el Gobierno Nacional cumple demasiado lentamente su palabra” y “los otros poderes titubean o actúan de modo sospechoso en relación con lo acordado”.

Para timochenko, con la decisión de la Corte “la atribución constitucional del presidente de la República para concertar acuerdos de paz ha sido hecha trizas”.

El malestar de las Farc se produce cuando se acerca el 29 de mayo, fecha en la que por calendario concluye el plazo de 180 días acordado por las partes para la dejación de armas y desmovilización de las Farc que tiene cerca de 7.000 guerrilleros reunidos en 26 puntos del país.

Las Farc pidieron una “recalendarización” del proceso argumentando que por diversas razones es imposible concluirlo en la fecha prevista, ante lo cual Naranjo considera que esa demanda es una posibilidad.

La guerrilla asegura que hay por lo menos 900 depósitos clandestinos de armas o explosivos que por cuestiones militares y logísticas es imposible desactivar antes de que se cumpla el día D+180, “y por lo tanto la posibilidad de extender un plazo para que se cumpla esa operación realmente parece ser hoy una necesidad”, concluyó.