La instalación del Congreso de la República para el período legislativo 2018-2022, tuvo como particularidades históricas la llegada de las Farc, el estreno del Estatuto de la Oposición y el último discurso de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Sin embargo, que las Farc estén en el Congreso y que partidos sin tradición ocupen hoy escaños, no amerita el calificativo de “Congreso más diverso” que se le ha querido dar, pues fuerzas de todos los espectros ideológicos han tenido asiento desde la promulgación de la Constitución de 1991. Tal vez los nombres sean hoy más mediáticos, pero la diversidad ideológica es un asunto superado y por momentos problemático, como quiera que en ocasiones los principios filosófico-políticos son tan poco claros que las alianzas se dan más por conveniencia que por convicción.

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En cambio, este Congreso carece de diversidad de origen, efecto también de la Constitución de 1991, que eliminó la circunscripción departamental para el Senado. La circunscripción nacional ha dado como resultado, período tras período, que la representación se concentre en los departamentos con mayor población y desarrollo económico. Como se puede apreciar en el infográfico de nuestra contraportada, once departamentos no cuentan con senadores y el Atlántico, con apenas 2,5 millones de habitantes, cuenta con 14, lo que habla claramente del desequilibrio creado por esta figura.

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La presencia y papel de los miembros de la guerrilla de las Farc es un hecho todavía confuso puesto que apenas empiezan sus procesos ante la JEP y, dada la complejidad de esa tarea, nos es difícil imaginar cómo podrán cumplir con la doble obligación de legisladores y procesados, lo que nos lleva de vuelta a la pregunta que más de medio país, a juzgar por el resultado del plebiscito de 2016, se sigue haciendo: ¿con qué legitimidad y autoridad moral podrán legislar sobre el destino de los colombianos quienes son autores de crímenes de lesa humanidad? De otro lado, el estatuto de la oposición, y la ley de equilibrio de poderes enriquecerán los debates del Congreso, y por ende la democracia, en la medida en que generen una oposición reflexiva. Pero serán muy dañinos si, como parece, algunos usan de manera automática y sistemática los medios a su alcance para restarle gobernabilidad al Ejecutivo, mantener viva su campaña política y alimentar la tesis de “soy yo o no es nadie” más cercana a la tiranía que a la democracia. Dado que hay distintos movimientos en la oposición, esperamos que se imponga la actitud reflexiva y democrática, sin tergiversar, caricaturizar o exagerar toda posición propuesta por el Gobierno.

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Ante este auditorio, el presidente Santos dio su último discurso tras ocho años en el poder. Como se esperaba, su intervención fue un balance en el que resaltó sus logros, muchos de ellos sin discusión y otros tantos como fruto lógico de la marcha de un Estado que no se detiene, gracias a enormes inversiones y a pesar de los escándalos (Odebrecht, Reficar), el despilfarro en obras que no correspondían con las necesidades y la chapucería de otras, como el puente de Chirajara, para solo mencionar un ejemplo. Sobre el problema de los cultivos ilícitos, dejó ver una seria contradicción: defendió la lucha contra los traficantes y el trato de víctimas para el campesino cultivador y el consumidor cuando fue él quien omitió perseguir a las Farc durante buena parte de su gobierno, tiempo en el cual el país se llenó de cultivos ilícitos porque eran las Farc las responsables del tráfico. Cualquier logro del Gobierno Santos se hace precario ante la gravedad de este problema que es reflejo de la impunidad que imperó como mecanismo para alcanzar una “paz” que nunca podrá recibir los calificativos de estable y duradera.

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La expectativa frente al trabajo del nuevo Congreso es incierta, pues la tendencia de muchos de sus nuevos integrantes es a la indisciplina y a la confrontación de los procedimientos establecidos. Así quedó de manifiesto tras el discurso de Santos, en el que la confusión reinante llevó al profesor Antanas Mockus a bajarse los pantalones para llamar la atención de sus compañeros. Este acto es el anuncio de las dificultades que se vienen. Ojalá que actos como este no se conviertan en el centro de atención, pues este Congreso tiene tareas urgentes que le exigirán madurez y equilibrio. La madurez, para afrontar el proceso de implementación de lo acordado en La Habana sólo hasta donde la razón, el Estado de Derecho y el pueblo colombiano lo permitan. Ninguna norma, ni siquiera la Constitución, es inamovible. Y el equilibrio, para exigir a las Farc el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas en el Acuerdo de Paz pues, contrario a las tesis esgrimidas por Santos, la responsabilidad de la paz no es solamente del Congreso, del Gobierno y de los ciudadanos, sino que es, principalmente, de las propias Farc en la medida en que cumplan las premisas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Solo así se despejarán las dudas sobre la legitimidad de las curules y se le podrá exigir al Estado que cumpla la palabra empeñada.