En su momento la promulgación del decreto 1278 de 2002, por el cual se cual se expide el estatuto de profesionalización docente, llevó a las facultades de educación a pronunciarse por los efectos negativos que a futuro tendría para el sistema el cambio en la definición de los profesionales de la educación. La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en el artículo 116 definió que para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se debería tener título de licenciado o normalista superior, restringiendo a los segundos ejercer su profesión únicamente en el nivel preescolar y en el ciclo de la básica primaria. Lo anterior no cerraba la posibilidad de que profesionales de otras áreas, por necesidades del servicio educativo, pudieran ingresar al magisterio estatal.
El artículo 3 del decreto 1278 de 2002 modificó la Ley 115, al cambiar la definición del profesional de la educación e incluir en la misma a todos los profesionales con título diferente al de licenciado y normalista superior. Este cambio en la Ley ha permitido un crecimiento paulatino de profesionales no licenciados en la nómina estatal docente; cálculos recientes mencionan que cerca del 30% de los docentes oficiales no tienen título en educación, es decir cerca de cien mil profesionales de otras áreas diferentes a la educación lograron resolver su situación laboral en el magisterio. 
A la fecha no existen estudios que permitan determinar cuál será la composición futura ( a mediano y largo plazo) del magisterio entre licenciados y no licenciados; lo que sí se puede advertir es que este porcentaje seguirá en aumento, principalmente por dos factores: el primero relacionado con la escasez de puestos de trabajo para los nuevos profesionales de las ingenierías, las ciencias sociales y humanas (psicólogos, trabajadores sociales), las ciencias básicas y la salud (microbiólogos), y el segundo por las medidas del gobierno nacional relacionadas con el aseguramiento de la calidad de los programas de pregrado en educación que tendrá como efecto el cierre de muchos programas de licenciatura en el país.
En los distintos informes que se proyectan sobre el sector de la educación, incluido el último al que tuve la oportunidad de acceder del Consejo Privado de Competitividad que dedica un capítulo al tema de la Educación, no se hace análisis alguno sobre la incidencia de un mayor número de profesionales no docentes en el contexto de la calidad de la educación preescolar, básica y media de Colombia. Tal y como avanza la conformación del magisterio estatal en una década los licenciados serán minoría en la nómina oficial de Colombia, lo que necesariamente deberá reenfocar la mirada en el tema de la formación de los educadores en un escenario amorfo donde no será posible identificar “culpables” de la baja calidad de la educación.
Colombia logró avances significativos en el tema de la profesionalización de la educación, en la construcción de un estatuto epistemológico para la pedagogía, en el establecimiento de criterios de calidad para la formación de los profesores, lo que incluso se ve reflejado en las disposiciones recientes emitidas por el MEN (resolución 2041 de 2016) que dan un peso trascendental a las prácticas pedagógicas, obligando a una presencia de 50 créditos en el plan de estudios de un licenciado, iniciando en los primeros semestres de la formación universitaria. Hoy tenemos mayores claridades sobre el papel del educador en la sociedad y sobre las competencias que deben desarrollar, como lo muestra el informe Compartir. 
El MEN debería convocar a expertos para que estudien los efectos (positivos o negativos) de una mayor presencia de profesionales no docentes en el magisterio oficial de Colombia.